La diputada a la Asamblea Nacional, Manuela Bolívar, (MUD-Miranda) recordó el 27 de mayo que lo ocurrido en el hospital de niños J.M. de los Ríos en Caracas, donde murieron cuatro pacientes en un mes por falta de recursos para realizar trasplantes de médula ósea, pudo haberse evitado al aplicar recursos para solventar la emergencia sanitaria que hay en Venezuela y no transferirla a la compra de uniformes y armamentos para los efectivos de la Fuerza Armada Nacional (FAN)

“El régimen tiene 56 millones de euros que destina a uniformes y armamentos. Con ese dinero se pudieran financiar 227 trasplantes de médula. No se hace porque no se quiere”, manifestó, mientras catalogó de “homicidio” los fallecimientos de estos cuatro menores de edad porque “no se tomaron las decisiones correctas”.

Hizo mención a los niños que están en Italia a la espera de un trasplante de médula -que Jorge Arreaza, canciller de Nicolás Maduro, dijo que no podían hacer el tratamiento debido al dinero represado por parte de EEUU- al recordar que los recursos los está manejando Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que en la actualidad es una empresa “usurpada” y que no brinda respuesta a lo que ocurre.

Bolívar, quien habló desde las inmediaciones del mencionado centro de salud, recordó que desde 2011 existe una Ley de Trasplante de Órganos aprobada por la Asamblea Nacional en tiempos del entonces presidente del Parlamento, Fernando Soto Rojas, que le quitó las competencias a la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV), que apoyaba con varios aspectos como la capacitación del personal, para dárselo todo al Estado venezolano.

Denunció que desde 2016 no hay procedimientos de trasplante en Venezuela, no solo de médula ósea, sino de hígado, riñón o córnea, que muchos pacientes aún están esperando por un órgano para sobrevivir. En ese sentido, dijo que “el sistema público limita y pone tiempo a la vida de los que requieren trasplante”.

Recordó que el J.M. de los Ríos fue un hospital referencia en Venezuela y Latinoamérica, pero que en la actualidad no puede ofrecer un buen servicio a los pacientes por la falta de recursos como medicinas, antibióticos, comida y hasta operaciones de trasplante. Dijo que lo único que lo mantiene operando es la voluntad del personal médico que trabaja en esas instalaciones.

En ese sentido, detalló que lo sucedido es responsabilidad de la actual administración y que además, refleja la situación “crítica” en la que se encuentra el sistema de salud en el país.

Al ser preguntada sobre la ayuda humanitaria, dijo que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente encargado de Venezuela el 23 de enero, sostiene reuniones con varios actores implicados y que en las próximas horas se dará una información al respecto.

Sin embargo, dijo que existen “dos escenarios” respecto a la ayuda: “con usurpación y sin usurpación”, aclarando que en el segundo caso, se hacen todas las reparaciones de las instalaciones y dotaciones de insumos médicos necesarios para poder llevar a cabo procedimientos quirúrgicos y salvar vidas, mientras que si continúa “la usurpación”, se hace un esfuerzo que es “limitado”. 

Por su parte, la diputada al Parlamento Elimar Díaz (MUD-Zulia) calificó de “miserable” las acciones que lleva a cabo el actual Ejecutivo en el caso del J.M. de los Ríos y recalcó que lo que ocurre allí, “es una pequeña parte de lo que ocurre en el país”. 

Reportó que los centros de salud en Zulia están casi a nivel de colapsar, ya que el 94% de los recintos están cerca de un cierre técnico. Además dijo que semanalmente hay 45 casos de personas con VIH y que el 90% de los pacientes, ya pasaron a padecer de Sida.

Esa situación, aunada a la falla de los servicios públicos en la entidad, sumergen al estado y al país en un caos, enfatizó.

Indicó que a pesar de que se han atendido 100.000 personas vía ayuda humanitaria, aún faltan 6.900.000 pacientes.

¿Un centro de salud?

Cuatro niños han fallecido en el Hospital J.M de Los Ríos en Caracas durante el mes de mayo de 2019 en el área de oncología. Erick Altuve (11 años), Giovanni Figuera (6 años), Robert Redondo (7 años) y Yeiderbeth Requna (8 años) esperaban por un transplante de médula ósea y por tratamientos médicos como quimioterapias y antibióticos al momento de su muerte.

En la actualidad, son 25 los infantes de dicho hospital, quienes esperan por su tratamiento en el área hemato-oncológico. Desde el 6 de mayo, fecha en la que murió Giovanni Figuera, los padres y el sector salud han realizado protestas y llamados a los entes gubernamentales para que los ayudaran con los problemas que presentan en el centro de salud.

Los problemas en el hospital de niños empezaron a recrudecerse en el 2017, cuando se registraron problemas en el área de nefrología, lo que produjo varias muertes por fallas en las máquinas de diálisis. El Ejecutivo se comprometió a hacer una refracción de las instalaciones, mismas que según el gobierno que preside Nicolás Maduro se realizaron para marzo de 2018.

Ante la situación con los pacientes de nefrología, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una medida de protección para los 27 niños que son pacientes de ese hospital en el área de nefrología, luego de una investigación sobre las fallas del hospital y al considerar que el caso reunía los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su reglamento.