El Grupo de Lima espera establecer en la próxima reunión de la OEA nuevas acciones para reconocer a la delegación representante del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, así como buscará posibilidad de aplicar la Carta Democrática al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, según EFE.

La Asamblea General de la OEA se celebrará del 26 al 28 de junio en la ciudad de Medellín, Colombia. En la reunión están invitados los 34 miembros activos.

Basándose en la situación de Venezuela, el Grupo de Lima pretende aplicar una resolución escrita para que la delegación de Juan Guaidó pueda entrar en la OEA.

La responsabilidad de presentación del documento estará en mano del político opositor, Julio Borges, quien también funge como representante de Venezuela ante el Grupo de Lima. El mismo estará acompañado por el embajador venezolano en Washington designado por Guaidó, Carlos Vecchio.

Previamente, el Consejo Permanente de la OEA, habría aceptado el nombramiento de Gustavo Tarre como representante “permanente” designado de Guaidó ante la entidad.

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En la primera resolución de tal aceptación, se reconocía a Tarre solo como representante de la AN. Sin embargo, la Secretaría General de la OEA lo caracterizó como embajador de Venezuela. Pese a ello, más de 8 países consideran ilegítima esta acción debido a que, especifican, que tal nombramiento debe emitirse por parte del Poder Ejecutivo.

En explicación a EFE, una fuente diplomática explicó que podría “pseudoreconocerse” a Guaidó como presidente de Venezuela en el caso de que se apruebe la medida de aceptar a Tarre como embajador en la OEA.

Esto atribuiría que los representantes de Guaidó podrían tener diversos accesos dentro de la organización, como el CIDH y la OPS.

Caso Nicaragua

Más de 12 países de la OEA pretenden crear una comisión para establecer el orden democrático dentro de Nicaragua. Dentro de la resolución, esperan ejercer la Carta Democrática Interamericana al presidente de dicha nación, Daniel Ortega.

La misma plantea comenzar el proceso de suspensión del mandatario, mediante evaluaciones de alteración del orden constitucional en el país.

Desde el 11 de enero del presente año, Luis Almagro, secretario de la organización, solicitó formalmente la aplicación de dicha carta. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido una resolución final para aplicarla.