El Grupo de Lima reforzará los esfuerzos para que se logre una transición en Venezuela, y para ello hace un llamado a la comunidad internacional a unirse para propiciar la celebración de elecciones presidenciales.
Luego de la reunión entre los 15 ministros de Asuntos Exteriores que integran la instancia multilateral, el canciller canadiense, Francois-Philippe Champagne, resaltó la importancia de actuar en conjunto para un cambio.
«Necesitamos hablar con una sola voz, como socios internacionales, para encontrar nuevos enfoques para poner fin a la crisis política, humanitaria y económica, haciéndonos eco del deseo del pueblo venezolano y del presidente interino Juan Guaidó», dijo en una conferencia de prensa.
En Ottawa, Champagne resaltó que se trata de «el principio» de un nuevo impulso que concentrará en «aproximarse a otros países» en busca de apoyos.
El canciller canadiense añadió que «hoy es el principio» de un nuevo impulso del grupo que se iba a concentrar en «aproximarse a otros países» en busca de apoyos que forcen la celebración de elecciones.
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Reconoció que el trabajo de la instancia internacional en ocasiones resultó estéril, «con más de 18 reuniones» sin ningún tipo de resultado, pero reveló que la reciente gira de Guaidó inyectó rapidez y urgencia a la solución del problema.
Elecciones con condiciones
En un comunicado posterior emitido por la cancillería de Perú, el grupo advierte que si bien para este año están previstos los comicios parlamentarios, «la democracia se restablecerá plenamente en Venezuela sólo mediante elecciones presidenciales libres, justas y creíbles».
Asimismo, hace referencia a la imperiosa necesidad de que se constituya un «Consejo Nacional Electoral independiente, un Tribunal Supremo imparcial, la plena libertad de prensa y la participación política de todos los venezolanos».
Canadá intentará atraer a otros países latinoamericanos, así como a la Unión Europea (UE) para alcanzar los objetivos.
A la reunión, presidida de forma conjunta por Canadá y Perú, asistieron por primera vez como miembros de pleno derecho Bolivia y Haití, así como Ecuador y República Dominicana, en calidad de observadores.
