El representante de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo, Ricardo Haussman, aseguró en entrevista con el periodista César Miguel Rondón que las sanciones que ha impuesto Estados Unidos al país caribeño están diseñadas para proteger los activos porque el régimen de Nicolás Maduro “está sobreviviendo” con ellos.
“Basicamente el régimen usurpador de Maduro está sobreviviendo con nuestro dinero y pretende que el mundo le deje seguir cobrando nuestro dinero para financiar su aparato represivo y quedarse en el poder. Nosotros tenemos que quitarle a ese gobierno el acceso a los fondos que le permiten quedarse en el poder”.
En este sentido, explicó que es necesario estudiar la formas en que los activos venezolanos lleguen a sus ciudadanos a través de cuentas que estén bajo el control de la Asamblea Nacional, único órgano reconocido por la comunidad internacional.
Agregó que la administración de Maduro ha demostrado con sus decisiones que los recursos no se están utilizando de forma adecuada para aliviar la crisis humanitaria, como los 500 millones de dólares aprobados para Rosneft o las sumas de dinero que se están destinando a los entes represores como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
La tesis de Haussman ha sido cuestionada previamente por el economista Francisco Rodríguez, jefe del programa de gobierno del excandidato Henri Falcón para las elecciones presidenciales del año 2018.
Rodríguez sostiene que la tesis de un programa de Petróleo por alimentos, porque a su juicio las sanciones a la venta de crudo impactan severamente en la economia.
De acuerdo con sus cálculos, las pérdidas ocasionadas por las sanciones petroleras alcanzarían los 10 millardos de dólares.
“En los tres meses posteriores a las sanciones petroleras, las importaciones han caído 60% con respecto al año pasado”.
No obstante, la crisis venezolana empezó a mostrar cifras alarmantes desde el año 2014; las sanciones empezaron a imponerse en el año 2018 a particulares y en 2019 a instituciones.
Por su parte, Haussman expuso que las sanciones serían levantadas a medida que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 55 países, nombre a las personas encargadas de dirigir las instituciones pertinentes. En este caso: Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), Banco Central de Venezuela y el Tesoro Nacional.
Diversidad de opiniones, dos propuestas
El representante venezolano en el BID Indicó que lo importante es garantizar la llegada de los dólares que percibe Venezuela a los productores e importadores venezolanos para que aumente la cantidad de bienes en la economia.
“La estrategia que tenemos para el fin de la crisis humanitaria es eso, simultaneamente aumentar las importanciones (…) de modo que se recupere el aparato productivo pero al mismo tiempo ponerle dinero en el bolsillo a los venezolanos para que tengan como comprar esos bienes y por esa via reactivar la economia y detener esa catastrofe”.
En la última reunión del BID, celebrada en Guayaquil (Ecuador), Haussman se reunió con los gobiernos de Estados Unidos, Canada, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, España, Francia, Alemania y Japón sobre el apoyo que estos países van a dar a Venezuela con su estrategia para la recuperación de la economía venezolana.
“Yo creo que está muy claro que hay un compromiso fuerte con la recuperación de Venezuela“.
Por otro lado, el pasado martes 23 de julio, Rodríguez presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso estadounidense su propuesta para Venezuela que está basada en el programa “Petróleo por Alimentos”.
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“Petróleo por Alimentos” es una estrategia que ya fue implementada en los años 90 en Irak, donde se utilizó un sistema de depósito fiduciario para que el dinero de las ventas del petróleo iraquí fuese pagado en una cuenta a la que no tenía acceso el régimen de Saddam Hussein.
Sin embargo, el plan estuvo envuelto en una gran trama de corrupción en el que 270 exfuncionarios gubernamentales, activistas, periodistas y personal de la ONU de más de 46 países se beneficiaron a título personal con las ventas que se realizaban a través del programa. Se calcularon al menos 17.300 millones de dólares entre sobornos, sobrecargos y venta ilegal de petróleo por parte de compañías contratadas bajo esta figura.
En la lista, además de los políticos iraquíes y funcionarios de la ONU de distintos países, se encontraban compañias rusas, estadounidenses y del Medio Oriente, el jefe del programa Benon Seva y Kojo Annan, hijo del entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan.
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