El nuevo Gobierno de Argentina aumentó los impuestos a las exportaciones agropecuarias, una medida adoptada en medio de la crisis económica que atraviesa el país.

El Ejecutivo de Alberto Fernández modificó el sistema de derechos de exportación que había puesto en marcha en septiembre de 2018 el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

En el decreto, se alega que la aplicación de derechos de exportación constituye “un instrumento esencial de la política económica nacional” y que “teniendo en cuenta la grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas, resulta necesaria la adopción de urgentes medidas de carácter fiscal que permitan atender, al menos parcialmente, las erogaciones presupuestarias con recursos genuinos”.

Hasta ahora, las exportaciones agropecuarias estaban gravadas por una tasa de 4 pesos (6 centavos de dólar) por cada dólar exportado.

Con este nuevo esquema, se elimina el pago de esa tasa y se la sustituye por una alícuota de 9 % para todos los productos en general.

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El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, advirtió que el aumento de retenciones “tendrá un impacto muy grande para el productor” y cuestionó Fernández por no haber consultado con el sector.

“Cuando era candidato dijo que nos iba a consultar, y eso no ha sucedido. Con el ministro [ Luis Basterra] nos juntamos el jueves y no nos comentó nada”, se quejó Pelegrina en declaraciones a Radio Mitre.

Fernández había dejado ver durante la campaña la posibilidad de un aumento de las retenciones ante la necesidad de ingresos para hacer frente a las dificultades fiscales de Argentina, en recesión desde abril de 2018.

En 2008, cuando Fernández era jefe de Gabinete del Ejecutivo de Cristina Fernández, el tema también fue un factor de conflicto con el sector rural.

El mismo provocó protestas por parte de las patronales rurales, con bloqueos de carreteras y huelgas de comercialización de productos agropecuarios, lo que en aquel año impactó de lleno en la actividad económica del país.

“Emergencia pública”

En materia de empleo, Fernández decretó la «emergencia pública» durante 180 días, tiempo en el que, en caso de despido “injustificado”, los trabajadores deberán percibir el doble de la indemnización que actualmente marca la ley.

En 2016, el entonces presidente Macri vetó una ley impulsada por la oposición que prohibía los despidos sin causa, lo que según el actual Gobierno ha provocado hasta la fecha “la pérdida de 111.000 puestos de trabajo registrado”