Una corte de Brasil comprometió este miércoles la situación judicial del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, al ratificar una condena en su contra.
La Justicia brasileña también aumentó este miércoles a 17 años y 1 mes de prisión dicha condena, que fue dictada en febrero contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales.
Los tres magistrados de un tribunal de segunda instancia de la ciudad de Porto Alegre votaron por unanimidad a favor de elevar a 17 años y 1 mes de prisión la pena del exmandatario frente a los 12 años y 11 meses de cárcel que le había sido impuesta en primera instancia.
Pese a que la defensa de Lula había pedido la anulación de la condena amparada en un reciente fallo del Supremo Tribunal, los magistrados confirmaron los delitos.
Los miembros de la sala octava del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región fueron unánimes al concluir que quedó comprobado que Lula da Silva se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 236.000 dólares) que las constructoras Odebrecht y OAS hicieron en una casa de campo situada en el estado de Sao Paulo, a cambio de favorecer a las empresas en contratos con la estatal Petrobras.
Este fallo, proferido en segunda instancia, no afectará la situación inmediata del líder del Partido de los Trabajadores, quien recuperó la libertad el 8 de noviembre. Sin embargo, sí es un paso más hacia la eventual confirmación definitiva de la condena que lo podría conducir nuevamente a la cárcel.
La solicitud de aumentar la condena contra el expresidente la propuso el magistrado Joao Pedro Gebran Netoel, instructor del caso en el Tribunal Regional Federal de la 4 Región (TRF4) de la ciudad de Porto Alegre.
Para el magistrado “hay fuertes indicativos” y “amplia documentación” de que Lula fue el beneficiario de varias reformas realizadas en una casa de campo a través de sobornos pagados por las constructoras mencionadas.
Tras el voto de Gebran Neto, se pronunciarán los otros dos magistrados que completan la octava sala del tribunal, que evalúa si ratifica, anula o modifica la pena por corrupción y lavado de dinero que recibió Lula en primera instancia.
El pasado 6 de febrero, la jueza federal Gabriela Hardt condenó a Lula a 12 años y 11 meses de prisión al considerar que se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 236.000 dólares) que Odebrecht y OAS hicieron en una casa de campo situada en el estado de Sao Paulo, a cambio de favorecer a las empresas en contratos con la estatal Petrobras.
En su alegación, que se prolongó durante más de cuatro horas, Gebran Neto manifestó que “poco importa la cuestión sobre la propiedad de casa de Atibaia”, pues el “hecho es que Lula usaba el inmueble”, formalmente registrado a nombre del empresario Fernando Bittar.
América Digital/EFE/AP
