El jefe de la unidad de inteligencia financiera de Hacienda en México, Santiago Nieto, informó el 17 de julio que autoridades de ese país congelaron cuentas bancarias de 19 personas y empresas relacionadas con la venta a la administración gubernamental de Venezuela de alimentos de baja calidad y con sobreprecio dirigidos a la población más pobre del país sudamericano, que en el país se conoce como las cajas CLAP.
En medio de una profunda crisis económica, alimentaria, política y social, el gobierno del mandatario Nicolás Maduro instaló desde 2016 en las poblaciones más empobrecidas los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un sistema de distribución de alimentos básicos a precios subsidiados.
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Son paquetes con leche en polvo, harina de maíz, aceite, arroz, frijoles y a veces latas de atún que son vendidos a los venezolanos a muy bajos precios, en una economía cuya inflación alcanzaría 10.000.000% este año, según el FMI.
Numerosas denuncias apuntan a que estos productos no cumplen con estándares mínimos de nutrición, mientras investigaciones periodísticas aseguran que detrás de estas despensas se teje una red de corrupción y lavado de dinero entre empresarios cercanos al gobierno venezolano.
El funcionario mexicano presentó además tres denuncias judiciales vinculadas a este caso que la fiscalía investiga desde 2016 y por el que en octubre de 2018 ya había impuesto sanciones monetarias por tres millones de dólares a algunos responsables.
Santiago Nieto afirmó ante periodistas que «el monto de las primeras irregularidades detectadas» en las cuentas congeladas de los involucrados «era de más de 150 millones de dólares», según reseñó AFP.
La fiscalía mexicana estableció que las empresas y personas investigadas obtenían recursos del gobierno venezolano y lo desviaban de sus fines humanitarios para adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos.
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Según las pesquisas mexicanas, los intermediarios adquieren productos de baja calidad y los exportan a Venezuela con sobreprecio a través de los CLAP.
La crisis venezolana ha forzado a migrar desde 2015 a unos 2,7 millones de sus ciudadanos (de una población de 30,6 millones), según cálculos de la Organización de Naciones Unidas y que en la actualidad se estima que son más de 4 millones.
