La protesta de este 21 de enero en Colombia, la primera del año después de las masivas manifestaciones de noviembre y diciembre contra las medidas sociales y económicas del Gobierno nacional, comenzó muy temprano con movilizaciones en algunos sectores de Bogotá, principalmente en la localidad de Suba (noroccidente), las cuales desencadenaron en bloqueos focalizados al sistema de transporte Transmilenio que han afectado la movilidad de miles de personas.
En TransMilenio respetamos el derecho a la protesta y hacemos un llamado a no afectar la movilidad de más de 2.5 millones de usuarios.
Nosotros queremos llevarlos a su destino.#SaquemosATransmiDelParo
— TransMilenio (@TransMilenio) January 21, 2020
La Alcaldía de Bogotá ha dicho que hasta el momento se planean dos grandes marchas y 11 plantones en diferentes puntos de la ciudad, como el Parque Nacional y el Parque de Los Hippies.
Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el cargo desde el primero de enero, presentó la semana pasada un nuevo protocolo de seguridad para las protestas, en el que reafirma que el Esmad será la última instancia en intervenir para evitar situaciones como la de Dilan Cruz, el joven de 18 años que murió el pasado 25 de noviembre en Bogotá a raíz de las heridas sufridas en la cabeza por un proyectil disparado por un miembro de la Policía.
Agradezco a mayoría de manifestantes en Suba y a la Secretaria de Gobierno que nos permitieron reabrir el Portal de Suba al que ya ingresan miles de personas.
Secretaria de Seguridad y Policía tuvieron que intervenir puntualmente para reabrir flujo de vía que se irá normalizando. pic.twitter.com/BSlU5wkXup— Claudia López ? (@ClaudiaLopez) January 21, 2020
Las marchas de este martes fueron convocadas por el Comité Nacional de Paro bajo el lema «defensa de la vida», y se espera que trabajadores, estudiantes, indígenas y activistas salgan nuevamente a las calles colombianas para realizar un cacerolazo en rechazo al asesinato de líderes sociales, los abusos de la fuerza pública y las políticas sociales del Gobierno, entre otras demandas.
El motivo central de la movilización, según sus convocantes, es el repunte de la violencia en varias regiones del país, donde en las tres semanas que van de año han sido asesinados alrededor de veinte líderes sociales, en promedio uno diario.
La situación llevó incluso a que el Consejo de Seguridad de la ONU expresara su «seria preocupación» y reclamara «acciones efectivas» para mejorar la seguridad en el país.
De acuerdo con los registros de la ONU, 107 activistas fueron asesinados el año pasado en Colombia, la mayoría en áreas rurales y casi todos ellos (98 %) «en municipios con economías ilícitas donde operan grupos criminales o armados», mientras varias decenas están amenazados.
A ello se sumó la denuncia del subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, sobre amenazas contra él, contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y contra políticos de izquierda como Gustavo Petro y el líder del partido FARC, Rodrigo Londoño, por parte del grupo criminal Águilas Negras.
«Amenazas contra la alcaldesa Claudia López y otros líderes sociales y políticos deben motivarnos a que el próximo 21E se constituya en una estruendosa expresión de rechazo a los asesinatos y toda forma de violencia. Millones de cacerolas sonarán por la vida y por la paz», advirtió en Twitter Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Al cacerolazo también se unirán distintos sectores para recordar sus reclamos sociales y económicos, como el rechazo a la recién aprobada reforma tributaria, además de repudiar las supuestas interceptaciones ilegales del Ejército a políticos, magistrados y periodistas, así como el accionar del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad) en medio de las protestas.
«Continuamos junto al pueblo contra la reforma tributaria y el ‘holding’ financiero, el alza de impuestos, de las tarifas de los servicios públicos, por el derecho a un medioambiente sano», por los «recursos para atender la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico», afirmó la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).
América Digital/Con información de EFE
