La oficina de la Alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció un elevado número de violaciones de derechos humanos” por la represión policial durante las protestas en Chile.
Frente a estos hechos, el gobierno chileno lamentó las denuncias de violaciones y recordó el “contexto” de violencia en que ocurrieron y los mecanismos que han sido dispuestos para atender estos casos.
“Estas violaciones incluyen el uso excesivo e innecesario de la fuerza que ocasionó muertes ilícitas y heridas, tortura y malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias”, reseña el documento que resume el trabajo del equipo que viajó a Chile para investigar la situación durante tres semanas de noviembre.
En ese sentido, las pruebas recopiladas durante este procedimiento evidenció que desde el 18 de octubre se ha cometido un elevado número de violaciones de derechos humanos.
“La gestión de las manifestaciones por parte de Carabineros se ha llevado a cabo de manera fundamentalmente represiva. Carabineros ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre personas que se manifestaban pacíficamente y manifestantes violentos”, concluye.
Informe de @ONU_derechos sobre protestas y estado de emergencia en #Chile concluye que carabineros y ejército incumplieron las normas y estándares internacionales sobre control de asambleas y uso de la fuerza, y reclama reformas 👉 https://t.co/fGQscdXh2L #ChileEnCrisis pic.twitter.com/jlsU13CU9N
— UN Human Rights (@UNHumanRights) December 13, 2019
Una de las cuestiones que más llamó la atención de los expertos fue “el número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara”, por el “uso desproporcionado y a veces innecesario” de escopetas antidisturbios.
“En cuanto a responsabilidades individuales en la policía, no podemos sacar conclusiones”, afirmó Imma Guerras-Delgado, jefa del equipo de misión en Chile, en una conferencia de prensa en Ginebra.
Las protestas sociales que estallaron el 18 de octubre en Chile han provocado la crisis más profunda desde el retorno a la democracia en 1990, con un saldo hasta el momento más de una veintena de muertos y miles de heridos.
“La mayoría de las personas que ha ejercido su derecho a la asamblea durante este periodo lo ha hecho de manera pacífica”, aunque también “ha habido numerosos ataques contra fuerzas de seguridad y sus instalaciones”, así como “saqueos y destrucción de propiedad”, asegura el informe.
Gobierno alerta sobre el “contexto”
El gobierno del presidente de Chile, Sebastián Piñera, lamentó el viernes lo señalado por el informe pero advirtió que las denuncias se generaron en un “contexto” de violencia tras el estallido social.
“A partir del 18 de octubre, Chile vivió una situación imprevista e inédita de violencia, que se desarrolló en paralelo con expresiones ciudadanas pacíficas y legítimas en relación con demandas por una mayor justicia social”, dijo la subsecretaria chilena de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
Según el gobierno es necesario también “aclarar y precisar” afirmaciones y conclusiones que no están bien representadas en el informe, que contienen información errada o desactualizada.
La subsecretaria también defendió la decisión del gobierno de decretar el estado de excepción que rigió por nueve días. “Fue esa situación de violencia y no las manifestaciones pacíficas”, la razón para instaurar la medida, dijo.
Durante su misión, el equipo documentó “113 casos específicos de tortura y malos tratos, y 24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres y niños y niñas adolescentes, perpetrados por miembros de carabineros y militares”.
La ONU precisó que el equipo se reunió con “más de 300 miembros de la sociedad civil” y realizó “235 entrevistas a víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos”, así como también “60 entrevistas a oficiales de Carabineros de Chile”.
El informe no se limita a una denuncia contra las fuerzas de seguridad, sino que indica que las autoridades “tenían información sobre el alcance de las lesiones desde el 22 de octubre”.
“La pronta acción de autoridades responsables podría haber evitado que otras personas sufrieran heridas graves”, señala en ese sentido.
La oficina de Bachelet propone ahora crear un mecanismo de seguimiento para evaluar dentro de tres meses la implementación de las recomendaciones realizadas en este informe.
“Este mecanismo de seguimiento debería tener como propósito establecer medidas para prevenir que se repitan esos hechos tristes y preocupantes en los que Chile se ha visto sumergido en los últimos dos meses”, indicó Bachelet, citada en un comunicado.
