Las respuestas políticas a las profundas demandas sociales que grita la calle en Chile avanzan con lentitud, 40 días después de un estallido que lejos de apaciguarse se multiplica con focos de violencia y huelgas.
Miles de personas marcharon en el marco de una huelga en diversas actividades productivas. La jornada empezó casi normal con tráfico en las vías, que siguen sin semáforos y con barricadas en algunos puntos.
En otro golpe a la actuación de las fuerzas del Estado en esta crisis, la organización Human Rights Watch (HRW) constató “graves” violaciones a los derechos humanos por parte de la policía y recomendó una reforma de la institución.
La oenegé recabó “centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”, afirmó en rueda de prensa, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
El gobierno de Sebastián Piñera, que rechazó la semana pasada el informe de Amnistía Internacional, que también denunció violaciones a los derechos humanos, valoró este martes el reporte y las recomendaciones de HRW.
En las calles del centro de Santiago se registraron choques entre encapuchados y policías. Al caer la noche suelen producirse incendios y saqueos atribuidos a grupos vandálicos organizados.
Desde el inicio del estallido, el pasado 18 de octubre, los centros comerciales, casi plazas públicas para los chilenos, cierran más temprano debido a problemas del transporte público. En Santiago, donde viven unos 7 millones de habitantes, el metro tampoco ha recuperado su ritmo al 100%.
Las movilizaciones presionan al gobierno de Sebastián Piñera para que tome medidas rápidas, empezando por un aumento sustancial del salario mínimo, actualmente en unos 400 dólares. Los sindicatos reclaman que suban a al menos 500.000 pesos, es decir unos 660 dólares.
Toda salida política a la encrucijada chilena luce imposible en el clima de desorden público que sigue imperando más de un mes después del inicio de la crisis que ha dejado 23 muertos y más de 1.000 heridos, entre ellos más de 200 con lesiones oculares por perdigones lanzados por las fuerzas de seguridad.
Acuerdo opacado
El histórico acuerdo para reemplazar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) arrancó optimismo hace poco más de una semana, pero las imágenes de barricadas nocturnas en vías públicas, los bloqueos en autopistas y saqueos en zonas comerciales de distintas ciudades del país opacan ese hito político y tiñen de desesperanza a buena parte de la población.
“Hay demandas de largo plazo como la nueva Constitución vía asamblea constituyente; hay demandas sobre el derecho a salud, educación, vivienda, derecho a negociación colectiva, entre otras, pero también hay demandas muy precisas: un salario mínimo líquido de 500 mil pesos para el sector público y privado, una pensión mínima equivalente a este salario”, reclamó la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Bárbara Figueroa.
“Si la autoridad quiere dar señales claras, entonces lo que esperamos es que haya una agenda social ambiciosa”, añadió.
Piñera, hoy el presidente de Chile más impopular desde el retorno a la democracia en 1990, con un 12% de apoyo, asegura en cada intervención que “escucha con humildad las demandas de la calle”, pero ninguna de sus propuestas apaga las protestas.
Nueva polémica
El mandatario apura desde el domingo un proyecto de ley en el Congreso para que militares protejan infraestructuras públicas, sin necesidad de decretar el estado de emergencia.
El anuncio causó polémica debido a las críticas por la actuación de las fuerzas armadas durante el estado de emergencia que rigió en los primeros nueve días de la crisis, cuando se produjeron la mayor cantidad de las 23 muertes hasta ahora, de las cuales cinco fueron responsabilidad de agentes del Estado.
La Fiscalía elevó a 2.670 las investigaciones penales por violaciones a derechos humanos, entre cuyas víctimas hay 525 mujeres y 422 niñas, niños o adolescentes.
En ese periodo, los militares volvieron a resguardar las calles de Santiago por primera vez desde el retorno a la democracia en Chile en 1990.
“No tenemos una suficiente institucionalidad para poder generar las condiciones de seguridad de la vida del país en términos eficientes”, dijo a la AFP Guillermo Holzmann, analista político y experto en Defensa de la Universidad de Valparaíso.
En un país marcado por la dictadura, pesó el hecho de que, desde el regreso de la democracia, no se garantizara el control civil necesario para supervisar a las fuerzas armadas y la policía en temas de orden público, apuntó Holzmann.
América Digital/AFP
