Aminta Pérez, madre del expliloto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (Cicpc) y detractor de la administración de Nicolás Maduro, Óscar Pérez, recibió el 10 de junio más de 600 fotografías y evidencias de la recordada «masacre de El Junquito», evento que se registró a mediados de enero 2018.
A través de un video, afirmó que lo primero que hará con la carpeta de pruebas será llevarla a La Haya, sede de la Corte Penal Internacional, pero no reveló si hará lo propio en otros organismos internacionales.
«Lo primero es entregarlo a La Haya, esa va a ser mi misión y lograr justicia», dijo.
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En marzo de 2019, la fiscal venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, mostró a través de sus redes sociales algunas impagenes en las cuales se apreciaba el cuerpo de Pérez con varios orificios de bala y «tiros de gracia».
«Este registro de más de 300 fotos, irá acompañado de un informe forense que certifica la ejecución de este grupo de venezolanos a manos de funcionarios y paramilitares que sirven a la tiranía. Ya conversé con algunos familiares de las víctimas antes de esta publicación”, escribió.
En mayo, El exdiputado al Consejo Legislativo del Estado Barinas, Wilmer Azuaje, entregó al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, un documento con evidencias de lo sucedido aquel día El Junquito, localidad ubicada en las afueras de Caracas.
Azuaje divulgó a través de su cuenta en Twitter un video donde muestra a Almagro viendo las pruebas de la masacre, en la que murieron nueve personas.
¿Qué ocurrió el 15 de enero de 2018?
Bajo el nombre de «Operación Gedeón», efectivos de cuatro cuerpos de seguridad del Estado, armados con fusiles de guerra, subametralladoras y un helicóptero artillado, cercaron el chalet donde Óscar Pérez y su grupo se encontraban.
El desarrollo de esas acciones se conocieron a través de las redes sociales del propio Pérez, quien difundió videos periódicos de lo que ocurrió ese día.
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Allí reportó que había sido sitiado por las fuerzas de seguridad, que resistían el ingreso de los funcionarios y finalmente que estaban dispuestos a entregarse.
Más tarde se supo que todos recibieron un tiro en la cabeza, según los informes forenses que se conocieron por los diputados a la Asamblea Nacional.
Durante el operativo, murieron nueve personas en total, entre ellos dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.
