El profesor universitario y abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli analizó este miércoles, junto a César Miguel Rondón, el regreso de la bancada oficialista a la Asamblea Nacional debido a las implicaciones legales que trae esta acción por parte del chavismo, luego de que se firmara el acuerdo entre la administración de Nicolás Maduro con un grupo cuestionado de la oposición.
Para Raffalli, la explicación obedece más a temas políticos que jurídicos, ya que si el Poder Legislativo está en desacato “a qué vas allí”. Pero al verla desde la óptica de la política, “es porque a las partes les interesa el debate, vigorizar la Asamblea Nacional y poder allí entablar una serie de comunicaciones, de reacciones que tengan no solo incidencia pública dentro y fuera del país, sino que además puedan derivar en algunos acuerdos posteriores”.
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Advirtió que uno de los problemas que se deriva de este regreso sorpresivo de la bancada chavista es si se pueden incorporar o no a la Plenaria, más allá de los razonable. Citó el artículo 191 de la Constitución, en el que se dice que si los diputados cuando aceptan otro cargo público, deben cesar en su función parlamentaria. “La razón de ser de esas normas, de esa institución constitucional es que tu tienes que garantizar la dedicación exclusiva del cargo, pero además también la objetivad e independencia en el ejercicio de las funciones que el cargo implica”.
Detalló que de acuerdo al Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, es el único organismo que tiene la cualidad de poder evaluar el caso de cada parlamentario que haya incurrido en esta irregularidad. “Al final quien tiene competencia para decir ‘mire, señor Torrealba, usted es o ha sido ministro. Usted no puede estar aquí porque el 191 lo inhabilita para ejercer este cargo’ es la propia Asamblea”.
El rifirrafe legal viene porque el chavismo considera al Parlamento como una institución en desacato, por lo que se remiten es a la Sala Constitucional del TSJ. En ese sentido, dijo que la matemática parlamentaria de saber cuántos diputados son, quiénes van, cuáles están fuera del país porque “ese es el sentido del allanamiento de la inmunidad que han ejercido inconstitucionalmente contra la oposición”.
Subrayó que para terminar el entuerto legal en torno a la Asamblea Nacional es necesario terminar el juicio que existe sobre los diputados del estado Amazonas, que fue la acción inicial que desencadenó una serie de decisiones que al final comprometieron la funcionalidad del Poder Legislativo al reconocerlos como parlamentarios, luego de una supuesta denuncia de irregularidades en las elecciones en esa entidad.
