Lejos de disminuir, las cifras del masivo éxodo venezolano se incrementarán por la imparable crisis que aqueja al país en lo político, económico y social; hecho que lo demuestran las recientes cifras aportadas por la Organización de Estados Americanos, en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados- Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM.

Hasta junio de 2019, alrededor de 4.652.000 es el número de ciudadanos que han emigrado buscando oportunidades en otra nación desde 2015, y se prevé que seis millones saldrán del país caribeño a finales de año.

Betilde Muñoz Pogossi, politóloga y directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, precisa que la data pudiera ser mayor en vista de que entre 60 % y 70 % de la población refugiada o migrante se encuentra en situación irregular. “Han pasado por trochas o caminos no regulares; o están en espera de su estatus regular”.

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En entrevista con César Miguel Rondón, la especialista acepta que los países vecinos de Venezuela no estaban preparados para la masiva llegada de personas y se está creando un peso importante para estos gobiernos.

Cabe destacar, el desplazamiento que ha surgido a través de la vía marítima a islas como Aruba, Curazao o Trinidad y Tobago, hecho que llevó al establecimiento de un mecanismos de visado que comenzará a regir a partir de mediados de 2020.

Muñoz Pogossi recomienda a países receptores de migrantes o refugiados definir estrategias que permitan la regularización a través de permisos temporales, “que se puedan reconocer y dar protección internacional”.

“Con visa o no visa, pasaporte o no pasaporte, los venezolanos por desesperación se irán a otros países y la llegada irregular genera nuevos retos y más peso, porque se crean redes informales de empleos, redes de tartas etc.

Actualmente Perú, Chile, Ecuador, Panamá, Guatemala, Honduras, República Dominicana son las naciones de América Latina que han optado por un visado para ordenar o aminorar la migración venezolana a sus territorios.