El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, por parte de la administración del mandatario Nicolás Maduro, ordenó juicio contra seis personas por irregularidades en contratos de la empresa Citgo. Los ciudadanos involucrados son: José Ángel Pereira Ruimwtk, Tomeu Vadell Recalde, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cardenas Y José Luis Zambrano. Asimismo, el Juzgado Tercero en funciones de Control de la Circunscripción Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mantuvo la medida de privación judicial preventiva de libertad de estas seis personas.
Pereira Ruimwtk fue presidente de esta filial y los otros cinco cuidadanos fueron vicepresidentes de la compañía.
Las acusaciones se orientan a: presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista, legitimación de capitales y asociación para delinquir en perjuicio del Estado venezolano, el patrimonio público y la empresa Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
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Asimismo, el TSJ acusó que estos ciudadanos «pretendieron comprometer a ésta en la firma de un acuerdo internacional con las empresas financiadoras FrontierGroup Management Ltd y Apolo Global Management». Explicaron que las personas ofrecieron a la filial como garantía de refinanciación de los programas de deuda 2014 y 2015.
La investigación fue desarrollada por parte de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), luego de recibirse una denuncia que queda bajo anonimato.
Desacato ante nueva directiva
El 14 de febrero del presente año, el TSJ declaró como nula la nueva directiva de PDVSA y Citgo nombrada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. En desacato, la Sala Constitucional expresó que esta medida «atenta contra la soberanía nacional y el resguardo del sistema socioeconómico» del país.
Como medida de represalia, ésta anunció medidas cautelares en contra de los ciudadanos: Simón Antúnez, Gustavo J. Velásquez, Carlos José Balza, Ricardo Alfredo Prada, David Smolansky, Luisa Palacios, Edgar Rincón, Oswaldo Núñez, Fernando Vera, Elio Tortollero, Andrés Padilla, Ángel Olmeta, Javier Troconis, Rick Esser y Luis Urdaneta.
En dichas decisiones, se les prohibía la salida del país y enajenar y gravar bienes de su propiedad de los nombrados ciudadanos más el bloqueo e inmovilización de sus cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano.
Asimismo, la Sala Constitucional afirmó que esta fue una clara violación del artículo 138 de la Carta Magna vigente. Con estas acciones, expresaron que esta acción fue una pretención de usurpación de funciones del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y una clara violación por parte de la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó.
