La tranquilidad reina en Perú un día después de la disolución del Congreso, con el debate centrado ahora en la constitucionalidad de la decisión del presidente Martín Vizcarra y, también, en la designación, por una facción del Legislativo, de la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones”.
Durante la mañana de este martes, las calles de Lima y las principales ciudades del país mostraron la rutina y el tráfico cotidiano tras las manifestaciones de apoyo que recibió el lunes la medida anunciada por Vizcarra.
Solo el tránsito por las cercanías al Palacio Legislativo fue restringido por la Policía.
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De acuerdo a la agencia EFE, sondeos de opinión reflejan que entre la ciudadanía es mayoritario el apoyo a la decisión de Vizcarra, ya que el Congreso, que dominaba el fujimorismo, es una de las instituciones más desprestigiadas ante la opinión pública, que considera que ha sido un obstáculo permanente para la lucha anticorrupción.
La prensa local remarcó, a su turno, que el país afronta una crisis constitucional, ya que existen interpretaciones divergentes sobre la validez jurídica de la decisión de Vizcarra.
El presidente disolvió el Congreso, después de que eligieran a un magistrado para el Tribunal Constitucional pese a que el primer ministro Salvador del Solar había presentado un pedido de confianza para variar ese proceso, muy cuestionado por las formas y los plazos que se emplearon en su tramitación.
Vizcarra recibió luego el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que reconocieron la constitucionalidad de su Gobierno y le expresaron su subordinación.
Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Miguel Cabrejos, pidió “un profunda reflexión” ante la situación y dijo que se debe mostrar “madurez política y social”.
Un grupo numeroso de constitucionalistas señala que el gobernante no debió dar por negado el pedido de confianza que hizo Del Solar porque a pesar de que el Congreso mantuvo la elección del TC luego aceptó el pedido del Ejecutivo.
Otros constitucionalistas opinaron que Vizcarra sí estuvo motivado por una negación implícita de la confianza, ya que el Congreso votó por la elección del TC sin haber resuelto antes la solicitud del primer ministro.
Juristas remarcaron que la suspensión temporal de un gobernante no figura en la Constitución peruana y que Mercedes Aráoz ha podido cometer el delito de usurpación de funciones, que contempla una condena de hasta 7 años de cárcel.
