El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) señaló en su informe semestral el 15 de julio de 2019, que se registraron en la nación sudamericana un total de 10.477 protestas en las calles del país durante los primeros seis meses del año; cifra que da como promedio unas 58 manifestaciones al día.
De acuerdo al documento, las mismas tuvieron como objetivo principal la reivindicación política y social, número que se incrementó en un 97% en comparación al primer semestre de 2018, cuando se registraron 5.315 protestas.
Si se compara con el año 2017, tuvo un aumento del 112%.
La ONG considera que la cifra «pone en evidencia la gravedad de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela» y deja ver como los derechos humanos de los venezolanos «son cada vez más vulnerados sin que existan mecanismos efectivos para su reivindicación».
Del total de manifestaciones, 4.777 correspondieron a exigencias por el «derecho a la participación política», 4.169 por «derecho a la vivienda/servicios públicos», 1.587 por «derechos laborales» y 697 por «derecho a la alimentación».
Las formas de protestas más comunes fueron las concentraciones en la calle, el cierre de vías públicas y las marchas, que sumaron el 74,75 % de las modalidades, que incluyen, además, cacerolazos y pancartazos.
Las manifestaciones, advierte el OVCS, se produjeron en zonas rurales y urbanas del territorio nacional y «muchas fueron espontáneas realizadas por vecinos, vinculadas principalmente a exigencias de servicios básicos, alimentos y cambios políticos».
Además, se reseñó que hubo un aumento de las protestas en las zonas populares, muchas de ellas consideradas como «antiguos bastiones del chavismo» y en aquellas acciones de calle enfocadas a pedir «la renuncia de Nicolás Maduro y restablecimiento de la democracia».
Las regiones en las que se registraron más protestas fueron Miranda (centro) y el Distrito Capital (centro), con 947 y 888 manifestaciones, respectivamente; además de los estados occidentales de Táchira (742), Trujillo (730) y Lara (716).
Según OVCS, durante el período enero-junio la crisis venezolana se agudizó de manera «acelerada e insostenible» a consecuencia del colapso de los servicios públicos (electricidad, agua potable y gas doméstico), la escasez de gasolina, las limitaciones crónicas al acceso a medicinas, insumos médicos y alimentos, entre otros.
El observatorio denunció que durante el período «arreció la política de represión», con el «uso de grupos de exterminio para reprimir» que, asegura, están «conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y colectivos paramilitares».
En su informe sobre Venezuela, la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, recomendó a la administración de Nicolás Maduro la disolución de las FAES y el establecimiento de un mecanismo nacional imparcial e independiente para investigar las supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas.
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De acuerdo a la OVCS, de enero a junio se contabilizó «un saldo de 61 personas asesinadas durante las protestas» y además «6 víctimas de ejecuciones extrajudiciales» a consecuencia de «allanamientos y detenciones ilegales en viviendas donde habitaban personas que presuntamente habrían tenido participación en las manifestaciones».
Exhortó a la comunidad internacional a que acelere el mecanismo de cooperación entre varias naciones para ayudar a las familias venezolanas que sufren de la crisis actual, así como que pueda facilitar la consolidación de una oficina de DDHH de la ONU en Venezuela e impulsar una visita de la Comisión Interamericana de DDHH al país para que constate de primera mano la situación en Venezuela.
