Proyecto de despenalización del aborto en Veracruz fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia

La primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encargó de rechazar el aborto legal en Veracruz, México, este 29 de julio. La posibilidad de impedir la continuidad de un embarazo de manera voluntaria y antes de las 12 semanas de gestación, seguirá siendo criminalizada por la ley del estado.

“La SCJN pudo avanzar pero no quiso hacerlo, no tuvo la valentía”, afirmó para EFE, Luz Estrada, coordinadora del área de violencia de género y derechos humanos de Católicas por el Derecho a decidir, uno de los grupos que se dio a la tarea de promover el amparo desestimado por la Suprema Corte.

Mientras que la fracción parlamentaria del conservador Partido Acción nacional (PAN) celebró la decisión, ya que la consideran a favor de defender la vida “desde su concepción y hasta la muerte natural”.

De igual manera aseguraron que se trata de un “hecho que fortalece la división de poderes y la determinación autónoma de los congresos locales para deliberar y tomar sus decisiones en libertad”.

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Magistrados rechazan aborto en Veracruz

Los magistrados Ana Margarita Ríos Farat, Norma Lucía Piña Hernandez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, votaron en contra del aborto en Veracruz, durante un debate virtual que duró al menos 20 minutos.

Mientras que el único voto a favor fue del presidente de la Sala, Juan Luis González Alcántara, quien presentó un proyecto de sentencia donde se establece que prohibir y penalizar el abordo voluntario en Veracruz, es una barrera que genera discriminación en contra de las mujeres; con respecto a los accesos y derechos a la salud y que el congreso debería subsanar.

La magistrada Piña Hernández, fue de las primeras en tomar la palabra, aunque rechazó el proyecto, no se refirió a fondo sobre los motivos. “La Corte no puede sustituir al Congreso para ordenarle un contenido legislativo específico, la forma de regular esta situación corresponde en principio a la discrecionalidad legislativa. La Corte incurriría en el llamado activismo judicial”, comentó.

Finalmente González Alcántara, manifestó no compartir los criterios de sus colegas, apoyándose sobre la Convención sobre la eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, tratados que pretenden adecuar los derechos de las mismas.

“Existe una obligación legislativa que vincula al Congreso local de Veracruz a reformar sus normas penales en relación a la interrupción del embarazo. Los tratados internacionales son claros, categóricos: existe una obligación inmediata de reformar aquellas normas que sean discriminatorias o sean fuente de violencia en contra de las mujeres”, puntualizó González Alcántara.

México sigue enfrentando opiniones divididas

González Alcántara, advierte que prohibir despenalizar el aborto en Veracruz, va en contra del umbral de protección que necesitan las mujeres, en cuanto a sus derechos de salud y dignidad. Sin embargo, ninguno de los argumentos convenció a los demás magistrados.

De haberse dado el fallo a favor, el resto de los congresos estatales se verían obligados a reformar sus códigos penales con el fin de poder despenalizar el aborto en otros estados de México. Hasta el momento la interrupción del embarazo solo está permitida en caso de violación o si la vida de la madre o el feto está en peligro, aunque es usual que niñas abusadas den a luz.

Solamente en Ciudad de México y Oaxaca está legalizado el aborto voluntario. En los últimos años, grupos conservadores se han dedicado a ejercer presión para evitar la modificación de la ley, y así “proteger la vida desde la concepción”, lo que ha representado un reto para el apoyo de quienes están a favor de esta práctica.