El gobierno de Brasil pidió formalmente este miércoles a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que la administración de Nicolás Maduro se manifieste sobre el derrame de petróleo en altamar, que desde septiembre se arrastra por más de 200 playas del litoral nordeste del país.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien «acompaña» el desastre ambiental desde que se vislumbraron las primeras manchas, «determinó que fuese encaminada una solicitud formal a la OEA para que Venezuela se manifieste» sobre el tema, señaló en un pronunciamiento en cadena nacional el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles.
*Lea también: Un CNE aceptado por todos debe venir de una negociación entre la AN y el chavismo
Según el ministro, estudios de investigación realizados en «laboratorios especializados» con muestras colectadas concluyeron que el crudo derramado «no fue extraído del territorio nacional, pero proviene, conforme fue demostrado por un análisis técnico, de pozos y mezclas de origen venezolano».
«Ese proceso de investigación tiene como principal objetivo determinar las causas y los orígenes del crudo y, con eso, no solo hacer cesar su aparición en litoral brasileño, sino también obtener informaciones que nos permitan responsabilizar a aquellos que hayan contribuido para ese desastre ambiental», subrayó Salles.
Hasta el momento se han recogido y descartado más de 900 toneladas del crudo que se torna más denso con la arena y gran parte ha sido destinada para ser incinerada en hornos de cementeras e industria siderúrgica, explicó EFE.
*Lea también: El agua que se distribuye en al menos la tercera parte Caracas está “fuera de norma”
Salles indicó que la Policía Federal (PF), la Marina de Brasil y fiscales del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (Ibama, regulador), con el apoyo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos trabajan para determinar el punto exacto del derrame.
El gobierno, detalló el ministro, concentró sus acciones desde Recife y Salvador, principales capitales de la región, y 5.000 efectivos del Ejército se sumaron desde el martes a los fiscales, policías, bomberos, Defensa Civil y voluntarios locales que ya actuaban contra las manchas en los 2.000 kilómetros de costa.
