Vecinos de Galipán, un poblado en el emblemático cerro el Ávila, denunciaron construcciones ilegales por parte de la administración de Nicolás Maduro y la construcción de un teleférico que conectaría la montaña con el estado La Guaira.
Asimismo, la persecución a los residentes que han venido alertando de todos los daños materiales y ambientales que está causando la realización de esta obra, y amenazan a sus habitantes con instalar bases de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)para ingresar la maquinaria.
En declaraciones a la Organización No Gubernamental, Provea, los lugareños denunciaron que las instituciones “se han negado a negociar y a cumplir con los convenios a los cuales llegaron con personas afectadas”.
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“Están acabando con propiedades, cultivos siembras y nadie dice nada. Eso es una obra del gobierno nacional y no conseguimos apoyo en las instituciones”, alertó.
Otro habitante advirtió que el plan de construcción debe hacerse bajo el plano original porque el actual “el teleférico, debido a que “las brisas son huracanadas y las cabinas cuando estén en funcionamiento tendrán que ser paradas”.
Los proyectos están a cargo de las empresas Ventel y Alfamaq.
Los habitantes también afrontan el posible cobro de concesiones ilegales en la zona por parte de Inparques, acción que ninguno de los vecinos acepta por llevar años en la comunidad y por no tener ningún tipo de competencia para realizar esta clase de exigencias.
La historia
Provea relató que todo comenzó hace cinco años, cuando los residentes fueron contactados por la empresa Ventel para solicitar el consentimiento de la obra en los nuevos espacios, pero este informe fue presentado sin sustento, ni un estudio de impacto ambiental que lo respaldara, solo palabras.
En 2015 los pobladores se unieron y lograron recolectar más de 700 firmas en rechazo a la construcción indiscriminada de la obra, que había comenzado a afectar la zona con más de 97 árboles cortados, con perforaciones que sobrepasaban los 100 metros de profundidad pertenecientes unos a terrenos privados y espacios decretados Parque Nacional desde 1958, que además obtuvo a su favor un amparo declarado con lugar por el TSJ.
En 2009, el máximo órgano judicial que prohíbe cualquier tipo de construcción de asentamiento humano, situación que no impidió a las mencionadas empresas iniciar la construcción no planificada de las nuevas estaciones del teleférico para comunicar Vargas con Caracas.
