La ONG venezolana Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció el fin de semana la muerte de al menos cuatro personas en una comunidad de la etnia Pemón Ikabarú, ubicada en el estado de Bolívar, tras la incursión de un grupo armado el viernes.
En un comunicado, Provea precisó que según varios testimonios, un grupo armado supuestamente perteneciente al sindicato del Ciego, que controla el sector La Paragua, habría disparado contra el pueblo indígena.
La incursión de la banda armada se produjo con el fin de «tomar el control de la zona», en donde se produce la actividad minera.
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De acuerdo a la información recabada, las bandas delictivas que se hacen llamar «sindicatos», operaban inicialmente en la actividad de la construcción, pero ante la contracción de ese sector económico se trasladaron a hacer vandalismo en la zona minera.
Provea denunció que existe «tolerancia» de los organismos del Estado con «estas acciones», pues «una semana antes de los hechos la comunidad había sido advertida de una posible incursión de armados» y no se reforzó la protección del poblado.
«Pedimos la investigación de los hechos, sanciones para los responsables y medidas para evitar su repetición», instó Provea en su reporte.
El comisionado presidencial para los Derechos Humanos, designado por el presidente encargado, Juan Guaidó, Humberto Prado, acotó que esta sería la segunda masacre contra el pueblo Pemón.
En febrero entre el 22 y el 27 de febrero de 2019 más de 25 indígenas pemones fueron masacrados durante los cinco días que duró la toma de Santa Elena de Uairén.
El funcionario envió información sobre la Masacre de la Comunidad Pemón Ikabaru, a las Oficiales de la Oficina de la Alta Comisionada de DDHH de las Naciones Unidas, al secretario Ejecutivo Pablo Abrao de la CIDH.
