El Misterio de Justicia de España cesará al consejero jurídico de su Embajada en Washington después de que un juez de la Audiencia Nacional denunció que esa persona interfirió en el proceso de extradición a EEUU del mayor general Hugo «El Pollo» Carvajal, quien actualmente está evadido de la justicia.
Fuentes del Ministerio confirmaron a EFE la intención de cesar a Jorge Carrera después de que se hiciera público el voto particular del juez José Ricardo de Prada en contra de autorizar la entrega a EEUU de Carvajal, acordada por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia tras haber sido rechazada en una primera instancia.
La Audiencia Nacional divulgó el lunes pasado los motivos por los que rechazó la extradición, y en el documento figuraba el voto particular de De Prada, quien mostró su «perplejidad, profundo malestar y desacuerdo» por que un consejero jurídico de la Embajada de España en Washington hubiera accedido a «al menos a un magistrado del Pleno, abogando por una determinada solución del caso».
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«El Pollo», reclamado por EEUU para ser juzgado por delitos que en España equivalen a pertenencia a organización criminal o pertenencia o colaboración con organización terrorista y tráfico de drogas en su modalidad agravada, se encuentra en paradero desconocido desde que la Audiencia autorizara su entrega el pasado 8 de noviembre.
El mayor general venezolano, de 59 años, fue jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar con el presidente Hugo Chávez y el mandatario Nicolás Maduro, y aseguró en la vista de su extradición que la solicitud estadounidense tenía una motivación política porque las autoridades de Washington querían obtener de él información sobre el Gobierno venezolano.
«El Pollo» había sido detenido en abril pasado en España, a donde entró con un pasaporte falso, tras la presentación de la solicitud estadounidense de extradición.
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En un principio, la Audiencia Nacional denegó la extradición por la inconcreción de los cargos que las autoridades estadounidenses le imputaban y al considerar que tras la petición de Estados Unidos había una «motivación política».
Para el pleno de la Sala encargada de estos casos, consideró que está acreditada una conducta continuada y organizada del oficial venezolano vinculada al narcotráfico durante 20 años, la venta de armas a las FARC a cambio de drogas y la protección armada a los cargamentos de cocaína.
