El periodista venezolano Javier Ignacio Mayorca conversó este lunes con César Miguel Rondón sobre la iniciativa de líderes chavistas ante una corte en Luxemburgo para exigir que se le levanten las sanciones impuestas por la Unión Europea. Explicó que el Consejo Europeo ha sancionado hasta ahora a 18 «importantes operadores del régimen».
Aunque se han dado en distintos momentos, su inicio podría considerarse en marzo de 2018. Sin embargo, indicó que de esas 18 personas sancionadas, 10 intentaron la nulidad de las decisiones por las cuales fueron penalizados. «Estas son decisiones que requieren del consenso total de los países que integran el Consejo Europeo».
En ese sentido, indicó que fueron asistidos por dos abogados certificados para litigar ante la Corte de Luxemburgo, instancia donde se celebran juicios sobre decisiones de la Unión Europea, quienes empezaron a trabajar desde abril en el organismo judicial con las querellas por parte de los «afectados».
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«Básicamente los argumentos que esgrimen estos oficialistas entre los que podríamos señalar a Maikel Moreno, que fue el primero en acudir, Tibisay Lucena, Tarek William Saab, Diosdado Cabello y otros funcionarios no tan prominentes como Xabier Moreno (…) 10 importantes operadores del oficialismo que están argumentando la violación de sus derechos a la defensa, al debido proceso. Que no han tenido acceso a los expedientes que le instruyeron para tomar las decisiones».
Señaló que algunos como Socorro Hernández, dijeron que les impide «ejercer debidamente su derecho a la propiedad privada en la jurisdicción europea», por lo que se da a entender que «algunos de ellos poseen activos en esos países».
Negó conocer cuáles son los honorarios de los abogados, al tiempo que explicó que la gestión ante el Tribunal de Luxemburgo es «gratuita». Sin embargo, señaló que la contratación de los abogados certificados para litigar ante esa instancia es otra cosa.
«En forma simultánea, paralela, a estos 10 litigios se venía desarrollando otro más que tiene que ver con la única sanción general que ha sido impuesta con la Unión Europea en contra del régimen venezolano, que tiene que ver con las adquisiciones de armas, las asesorías técnicas para estos sistemas de armas (…) y el financiamiento que se debe dar para que las negociaciones de armas entre las empresas que están constituids en Europa y Venezuela puedan darse».
En ese sentido, explicó que los abogados contratados por el Estado venezolano para adelantar el juicio «son exactamente estos dos: el señor Giuliano y el señor Fabricio Di Gianni, que pertenecen a un escritorio bastante conocido (…) Fabricio Di Gianni sí tiene alguna fama porque incluso pertenece a un escritorio que se promociona como especializado en cuestiones de trámites aduaneros, libre comercio entre la UE y otros países».
Señaló que a finales de septiembre, el juicio que se llevaba a cabo por este motivo decidió que era «inadmisible» esa solicitud del régimen. Al ocurrir esto, se indica que el Ejecutivo venezolano «había contratado armas o servicios relacionados con sistemas de armas durante 2016 y 2017 por unos 150 millones de euros», mientras que en 2018, ese monto se fue a cero.
Por ello, «cuando se emitan las decisiones relativas a estos litigios particulares, muy probablemente nos enteraremos de qué era lo que preocupaba tanto a estos que están allí como parte demandante».
