“Señor, cuida a mi hijo”, suplicó Miriam al escuchar disparos lejanos, pero la tragedia estaba consumada: Luis, su único hijo, moría a manos de un escuadrón policial que aterroriza a las barriadas de Venezuela.

Balazos en el tórax apagaron las vidas de Luis, Jesse, Cristian y decenas más presuntamente ejecutados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), creadas en 2017.

La situación es tal que la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, exigió su “disolución” tras reunirse en junio con familiares de víctimas. 

Desde 2018 la ONG de derechos humanos Cofavic, que asesora a los deudos, recibió información de 831 supuestas ejecuciones, la mayoría de hombres jóvenes, que implicarían a las FAES.

Unas de tantas historias

Amanecía el pasado 13 de mayo cuando un agente mató a Luis Ariza, de 21 años, en las Adjuntas, vecindario humilde de Caracas.

Un parte interno de las FAES conocido por la AFP asegura que Luis caminaba con un revólver en la mano y que, “haciendo caso omiso” a una orden de detenerse, disparó contra una comisión policial que lo abatió.

Pero familiares aseguran que, inerme, fue sacado por la fuerza de la casa donde vivía con su esposa y sus dos hijos, a quienes la policía mantuvo encerrados allí. Escucharon disparos y cuando los dejaron salir encontraron el cuerpo.

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La comisión lo vinculó con un homicidio, pero el mismo parte indica que la policía no tenía registrada el arma ni requería a Luis.

Iba bajando a trabajar y cuando escucho el disparo sentí algo en el pecho. Lo único que dije fue ‘Señor, cuida a mi hijo'”, recuerda entre largos silencios Miriam, empleada bancaria de 39 años que vive en el sector.

Luis había estado detenido tres meses en el marco de protestas opositoras que dejaron 125 muertos en 2017.

Las operaciones de las FAES -cuyo jefe Rafael Bastardo fue sancionado por Estados Unidos– se caracterizan por su “letalidad”.

De uniforme negro con una calavera bordada, encapuchados y con armas largas, toman barrios y retienen a la gente en sus casas.

En el barrio La Lira, de Petare, Carmen Arroyo accedió al expediente de su hijo después de un año.

Barbero de 25 años y amante del baloncesto, Cristian murió de un disparo en el tórax cuando volvía a casa tras festejar su cumpleaños. Dejó tres niños que observan con naturalidad fotos suyas en el ataúd con el rostro herido.

Un testigo contó a Carmen que pidió manos en alto que no lo mataran.

Las FAES lo presentaron como un criminal, pero no tenía antecedentes según un oficio del CICPC (policía científica), también acusado de ejecuciones.

La familia denuncia que agentes pusieron un revólver cerca del cuerpo y que una experticia no halló concordancia entre la ubicación de éste y la del arma.

Intentando limpiar su nombre, muchos firmaron un acta en La Lira, donde niños aprovechan un repentino chaparrón para bañarse, pues el agua por tubería es un vago recuerdo.

Si “el policía que mató a mi hijo estuviera preso, tendría un poco de paz”, dice Carmen, quien a sus 52 años estudiará abogacía buscando “justicia”.

Parientes y amigos cuelgan cada fin de semana, en el enmallado de la cancha, la camiseta con la que jugaba Cristian, cuyo rostro pintaron en un mural. Para no olvidar.

Impunidad: la reina

La impunidad ronda 98% de los casos, señala Liliana Ortega, fundadora de Cofavic.

Pero la Fiscalía, afín a Nicolás Maduro, asegura que 353 agentes están presos y 695 acusados por homicidio, tortura, arrestos ilegales y violación de domicilio, con 109 condenas, en causas abiertas desde 2017.

La agencia AFP consultó al organismo si hay procesados de las FAES, pero no hubo respuesta. Sin embargo, el 28 de octubre anunció el enjuiciamiento de seis efectivos por un doble homicidio el 6 de marzo.