El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, manifestó su solidaridad con los médicos, profesores y enfermeras que trabajan en el sector público de Venezuela y por ello anunció que su país autorizó la posibilidad de transacciones con ellos para que no sean afectados por las sanciones, que están dirigidas a los jerarcas del régimen de Nicolás Maduro, así como para aquellos que son corruptos y represivos.
Por ello, considera que la crisis venezolana -generada por el mandatario venezolano- debe culminar inmediatamente.
A través de un hilo en Twitter, Kozak recordó que en el informe de Derechos Humanos sobre Venezuela que publicó la ONU, existe una crisis de medicinas, insumos, al igual que poca salubridad y déficit de personal, que denuncian constantemente los profesionales de la salud.
De igual forma, indicó que muchos han sido despedidos o amenazados por salir a protestar por sus reivindicaciones salariales, incluso detenidos por las fuerzas de seguridad del régimen.
Entretanto, se refirió a la crisis de los maestros, quienes deben enfrentar condiciones adversas como el éxodo de sus estudiantes, falta de personal, aulas deficientes para impartir clases y problemas en el suministro de luz y agua.
“A veces pierden días de trabajo por la falta de transporte público o la necesidad de buscar comida y medicinas”, escribió.
Finalizó diciendo que “desde que Maduro llegó al poder, miles de profesores universitarios han tenido que huir del país y miles de estudiantes han abandonado las aulas”.
Las palabras de Kozak coinciden con la decisión de la Casa Blanca de emitir licencias que permiten a empresas estadounidenses pagar impuestos en Venezuela.
Sin embargo, compañías como Adobe hasta bancos de Florida y las Grandes Ligas de Béisbol han dicho que no se sentían cómodas participando en actividades comerciales en Venezuela, dado el riego de que algunas transacciones pueden involucrar a entidades estatales, refiere Reuters.
Además, señaló que contratistas y empleados públicos que trabajen en el sistema público, ya sea dando clases o atendiendo a la gente, no deberían tener sus activos bloqueados en EEUU.
