El Senado francés se pronunció este miércoles por una aplastante mayoría a favor de que la Unión Europea refuerce las sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
En su propuesta de resolución, adoptada por 324 senadores a favor y 15 en contra, la cámara baja francesa también pide que Francia se sume a los seis países (Colombia, Argentina, Canadá, Chile, Paraguay y Perú) que demandaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) al régimen venezolano por presuntas violaciones de los derechos humanos.
El objetivo de la resolución es, en primer lugar, que se preste atención a los fondos procedentes de Venezuela y se apliquen las sanciones a los responsables y a sus allegados señalados por la Unión Europea.
También exhortan a que París vigile los posibles vínculos del dinero procedente de Venezuela con actividades de narcotráfico y/o terroristas.
El autor de la propuesta, el parlamentario centrista Olivier Cadic, en su exposición de motivos justificó la iniciativa por considerar que Venezuela se ha convertido en «una dictadura feroz» y su líder, Nicolás Maduro, y sus apoyos militares «persiguen, encarcelan, hacen desaparecer y masacran a la población».
Cadic insistió en que Maduro es un «presidente ilegítimo» desde mayo de 2018 en razón de «un escrutinio fraudulento», y en que «el único poder elegido democráticamente» que resiste es la Asamblea Nacional y su presidente, Juan Guaidó, autodeclarado presidente encargado hasta que se organicen «elecciones realmente libres».
Dieron su respaldo a la resolución los senadores presentes de todos los grupos salvo los del Grupo de los Comunistas, Republicanos Ciudadanos y Ecologistas. En este último, se opusieron 14 al texto, que sí lo aprobó la ecologista Estheer Benbassa.
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Por parte del Gobierno, la secretaria de Estado de Asuntos Europeos, Amélie de Montchalin, dijo estar de acuerdo con el análisis de la situación que se hace y con la necesidad de «ejercer presión sobre las autoridades venezolanas actuales».
Pero Montchalin justificó su posición divergente sobre la idea de unirse a los seis países que han pedido la intervención de la CPI porque para que esa instancia pueda establecer los hechos tendrían que aceptar su trabajo todas las partes, «el Gobierno y la oposición».
