La presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, diputada Delsa Solórzano, junto a la parlamentaria Adriana Pichardo, presentaron este lunes un balance de la actuación de ese cuerpo durante el último año, haciendo énfasis en lo que será la justicia transicional cuando se logre el «segundo paso» de la «hoja de ruta» establecida en enero por el presidente del Poder Legislativo, Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela.
Solórzano explicó que este proceso no tiene que representar «impunidad» en el proceso para ejercer justicia, ya que en los últimos 20 años se registraron violaciones flagrantes de los DDHH y al establecer la «transición a la democracia», indicó que es necesario que los venezolanos conozcan la verdad de lo ocurrido.
A su juicio, aunque aún no se ha establecido el segundo paso de la hoja de ruta, se debe preparar para que puedan darse estos procesos, además de las funciones que tiene la comisión para dar respuesta a las víctimas desde el punto de vista jurídico y psicológico. También destacó que han ido en varias ocasiones a instancias internacionales para poner las denuncias correspondientes y pedir medidas para proteger a las víctimas.
Detalló que la violación de DDHH no es solo lo que se ve de la prisión y la detención, sino que también tiene que ver con persecución; el no recibir medicinas ni atención de calidad en los hospitales ni contar con los servicios públicos adecuados.
Acotó que la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional ha recibido a la empresa privada por los constantes atropellos por parte del Estado a la propiedad y destacó que se generó un acuerdo tripartito para ajustar un salario que alcance a los trabajadores para vivir.
Otra de las labores hecha por esta instancia es la elaboración de un registro único, que permitirá a la Asamblea Nacional al instalar el gobierno de transición, saber dónde están las víctimas para hacer justicia.
Respecto al caso del diputado al Poder Legislativo, Juan Requesens, Solórzano señaló que tanto sus abogados como los parlamentarios han acudido al grupo de trabajo de la ONU para realizar denuncias sobre las arbitrariedades en ese caso, así como a otras instancias. Hizo énfasis en que la CIDH y la Unión Interparlamentaria emitieron junto a las Naciones Unidas unos estamentos que coinciden en que al legislador se le violó la inmunidad parlamentaria y el debido proceso; que es inocente de los cargos que se le imputan y que exigen su liberación inmediata.
Espera que el proceso no sea diferido una vez más, mientras que explicó que los resultados de la mesa de diálogo paralela entre un sector cuestionado de la oposición con el Ejecutivo de Nicolás Maduro, que dejó excarceladas a unas 24 personas, no eran tales porque todas las personas tenían ya boleta de excarcelación y medidas sustitutivas de libertad.
