La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a Nicolás Maduro que garantice a los expertos de su oficina que actualmente están en ese país el acceso a los lugares y personas que elijan, sin represalias contra los entrevistados.
«Un equipo técnico de mi Oficina se encuentra actualmente en el país y considero que ésta es una primera medida positiva», destacó Bachelet en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, donde señaló que «es esencial que el equipo tenga acceso total y sin restricciones».
También pidió a Nicolás Maduro que no haya represalias «contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos», sin dar detalles sobre las personas con las que la misión está contactando.
La misión técnica está en Venezuela para estudiar una posible visita de Bachelet.
«Si bien esta crisis económica y social generalizada y devastadora comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, me preocupa que las recientes sanciones puedan contribuir a agravar la crisis económica».
«El disfrute de los derechos económicos y sociales ha seguido deteriorándose dramáticamente desde junio de 2018. Poblaciones vulnerables, como niños, mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas han sido particularmente afectadas», manifestó.
Sobre el peor apagón de la historia venezolana, la expresidenta de Chile comentó que «aún no se conoce la magnitud del daño y el número de víctimas directas, pero el apagón inusualmente largo encarna los desafíos de infraestructura que enfrenta la nación».
Además, destacó el efecto que ha tenido la crisis mayormente en la población infantil con la cifra de más de 1 millón de niños que han desertado de la escolaridad, «debido a que los padres no pueden alimentarlos con el desayuno, el fracaso de los programas de alimentación escolar y la falta de transporte público, así como la ausencia de docentes».
La oficina de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU continúa investigando las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, con al menos 205 muertes atribuidas a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en 2017 y otras 37 sólo en las protestas del pasado enero.
«La mayoría de estas muertes se han producido según un patrón similar, ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada», explicó Bachelet.
«También me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela«, subrayó la alta comisionada, quien denunció que la «ley contra el odio» aprobada por el régimen en noviembre de 2017 se ha usado arbitrariamente contra periodistas, dirigentes de la oposición y disidentes.
Con información de EFE
