Cerca de mil miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela y de seguridad han desertado a Colombia desde el pasado 23 de febrero, cuando se intentó ingresar ayuda humanitaria a ese país, a través de las fronteras.
Actualmente se encuentran bajo custodia de las autoridades colombianas, junto a 400 miembros de sus familias, por lo que el gobierno de Iván Duque, estableció un procedimiento de «recepción y atención» que tiene como base las disposiciones internacionales sobre derechos humanos.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores agregó que los desertores han sido entrevistados por las autoridades migratorias y han recibido atención en salud, apoyo legal, alojamiento provisional y comida.
Asimismo manifestó que «un número significativo» está tramitando solicitudes de refugio y a quienes ya les fue aprobada esta medida les han entregado los «salvoconductos» que les permitirán permanecer en Colombia mientras que la Cancillería realiza las gestiones correspondientes.
El Gobierno colombiano destacó el apoyo logístico que le ha brindado la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
De igual forma, el Ejecutivo trabaja con Humberto Calderón Berti, embajador en Bogotá del presidente, Juan Guaidó, para buscar soluciones para los desertores, a quienes les mantendrán el alojamiento y alimentación transitoria.
«Vale la pena aclarar que el Gobierno colombiano no tolerará ninguna alteración del orden público o amenazas a la seguridad por parte de ningún ciudadano, de ninguna condición o nacionalidad, y estará atento a tomar las decisiones a que haya lugar en caso de presentarse alguna amenaza de esta naturaleza», añadió la Cancillería.
