Un grupo de parlamentarios opositores madrugó en la sede principal del Banco Central de Venezuela para realizar una protesta simbólica y clausurar sus puertas por considerar que es responsable de la inflación, solo con el propósito de mantener a Nicolás Maduro en el poder.
Rafael Guzmán, presidente de la Comisión de Finanzas, acusó a la máxima entidad bancaria venezolana de destruir la moneda y quitarle ocho ceros para contribuir a la destrucción del poder adquisitivo.
Desde 2015, el BCV comenzó a retrasarse en la divulgación mensual de los índices inflacionarios, económicos y de escasez que por ley le corresponde dar a conocer.
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La vorágine hiperinflacionaria aumentó la necesidad de conocer estos datos; es por ello que el poder Legislativo inició en 2016 la recopilación de información para construir la data oficial de la evolución económica del país.
Ante la opacidad y el silencio informativo del máximo ente bancario venezolano, el Fondo Monetario Internacional emitió en mayo una “declaración de censura” contra Venezuela, por no proveer las cifras macroeconómicas que había solicitado en noviembre de 2017, ni implementar «medidas correctivas» al respecto.
Seis meses después, le exigió a Venezuela el envío de las cifras requeridas so pena de ser expulsada del organismo.
Para sorpresa de economistas y analistas financieros, el Banco Central entregó lo requerido. Admite que la inflación se salió de control y se ubicó en 860 % en 2017.
Sin embargo, no pareciera coincidir con la realidad del país, ni con los estudios similares que organismos y economistas han efectuado sobre el tema.
¿Qué dicen los indicadores?
El FMI proyectó para Venezuela una hiperinflación de 1.350.000% para 2018 y de 10.000.000% para el próximo.
Según el Parlamento venezolano, en octubre alcanzó 148,2% y una diaria de 3%. «La de 2018 pasará del millón fácilmente”.
El economista Luis Oliveros estima que la inflación puede alcanzar 4.000.000% para el cierre anual.
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