Los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad en Venezuela han detenido y torturado a militares acusados de conspirar contra el gobierno; así como a familiares de presuntos implicados.
Esta es la conclusión a la que llegaron las organizaciones no gubernamentales: Human Rights Watch y la venezolana Foro Penal, en un nuevo informe emitido en enero.
“Algunos detenidos sufrieron abusos aberrantes que constituyen tortura para obligarlos a aportar información sobre supuestas conspiraciones. En la mayoría de los casos, las detenciones las realizaron miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) o del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)”.
Las investigaciones de las ONG´s se derivan de testimonios de 32 personas afectadas; víctimas que van desde militares de diferentes rangos y civiles acusados de colaborar con Óscar Pérez, un policía insubordinado que habría sido ejecutado extrajudicialmente luego de oponerse al gobierno venezolano.
Los abusos sufridos incluyen golpizas brutales, intentos de asfixia con bolsas de plástico, cortaduras con hojillas en las plantas de los pies, descargas eléctricas, privación de comida y acceso al baño, y amenazas de muerte.
El trabajo de Human Rights Watch y del Foro Penal muestra que los casos analizados siguen el mismo patrón de torturas y abusos contra detenidos cometidos por policías venezolanos, agentes de inteligencia y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana que las organizaciones han documentado desde 2014.
No se trata de casos aislados. En informes publicados en 2014 y 2017, Human Rights Watch documentó abusos generalizados por parte de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas.
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Las cifras
Registros del Foro Penal dan cuenta de que más de 12 mil personas han sido aprehendidas desde 2014 durante manifestaciones contra el gobierno, más de siete mil han sido excarcelados con medidas cautelares.
Desde 2017, la justicia militar ha procesado a más de 800 civiles, violando estándares internacionales de derechos humanos.
Los casos
José Alberto Marulanda Bedoya, 53, cirujano
El 19 de mayo de 2018, agentes armados sin identificación oficial se presentaron en la vivienda de la sargenta del Ejército Emmy Mirella Da Costa Venegas, a quien acusaron de participar en una conspiración contra el gobierno. No se encontraba allí, pero detuvieron a su pareja, José Alberto Marulanda Bedoya. Los agentes, que los familiares creían que pertenecían a la DGCIM, dijeron solamente que Marulanda era “requerido” por las autoridades y se lo llevaron.
Marulanda contó a sus abogados que había estado retenido en la sede de la DGCIM, donde lo sometieron a graves abusos para obligarlo a revelar cuál era el paradero de Da Costa.
Desde la audiencia, Marulanda ha estado en la cárcel militar de Ramo Verde. Su abogado afirma que tiene problemas para dormir, pensamientos suicidas, hipertensión y secuelas físicas producto de las golpizas.
Juan Antonio Gómez (pseudónimo), 46
El 14 de enero 2018, más de 30 agentes encapuchados de la DGCIM irrumpieron en la vivienda de Juan Antonio Gómez, según Gómez contó en una carta que entregó a sus abogados y a la cual tuvo acceso Human Rights Watch. Dijo que amenazaron con matar a familiares que estaban presentes, incluida una niña de 7 años.
Gómez prestaba servicios de taxi y se lo acusó de ayudar a Oscar Pérez, un policía insubordinado que arrojó desde un helicóptero una supuesta granada sonora al Tribunal Supremo de Justicia en Caracas luego de instar al pueblo venezolano a rebelarse contra el gobierno.
Los agentes le apuntaron con un arma al pecho y le comunicaron que estaba siendo detenido, indicó Gómez en su nota. Cuando preguntó si contaban con una orden judicial, le dijeron que se callara. Lo golpearon en el estómago, le colocaron esposas y robaron teléfonos celulares, dinero en efectivo, una computadora portátil y pasaportes que había en la casa.
El 19 de enero, Gómez fue llevado ante un juez militar y acusado de traición a la patria, rebelión militar y robo de armas de las Fuerzas Armadas.
Fue excarcelado el 19 de diciembre de 2018, pero su caso sigue en trámite.
Ariana Granadillo Roca, 21, estudiante de medicina
El 2 de febrero de 2018, agentes de la DGCIM detuvieron a Ariana Granadillo Roca. Se la llevaron junto a otros dos familiares de la casa donde estaba viviendo, que pertenecía al Coronel García Palomo, un pariente lejano acusado por el gobierno venezolano de conspiración. Granadillo, quien vivía en Río Chiquito, un pueblo rural del estado Monagas, se estaba hospedando allí para estar cerca del Hospital Victorino Santaella, donde realizaba una pasantía.
Durante su detención, los agentes le cubrieron la cabeza con carpetas de cartón que envolvieron con cinta. No le permitían ver y le produjo desorientación. La golpearon y le tocaron varias partes del cuerpo mientras exigían que les dijera dónde se encontraba García Palomo. Granadillo fue liberada dos días después sin ninguna explicación.
Luis Hernando Lugo Calderón, 33, y Carlos José Esqueda Martínez, 32
El 11 de octubre de 2018, el primer teniente Luis Hernando Lugo Calderón y el primer teniente Carlos José Esqueda Martínez fueron liberados después de haber pasado casi cuatro años en prisión, acusados de participar en un supuesto intento de golpe en 2015.
Cuando Lugo Calderón estaba recogiendo sus pertenencias de la prisión, agentes del SEBIN encapuchados y armados irrumpieron en su vivienda afirmando que lo necesitaban para hacerle unas preguntas, manifestó su hermana, quien vive fuera de Venezuela. Unas horas más tarde, regresaron y detuvieron a su madre. Ella y su pareja, que había ido a buscarla, quedaron varias horas detenidos en la sede de la DGCIM en Maracay. Los agentes robaron teléfonos, dinero y perfumes, afirmó la familia. Ese mismo día, otros agentes de la DGCIM requisaron la vivienda de la novia de Lugo Calderón.
El 14 de octubre, agentes de la DGCIM irrumpieron en la casa donde estaba viviendo Lugo Calderón y lo detuvieron a él, a su padre, a su novia y al propietario de la vivienda, que era un amigo, sin presentar ninguna orden judicial, afirmó la hermana de Lugo Calderón.
Lea el informe completo AQUÍ
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