La fiscal en el exilio de Venezuela denuncia en la Corte Penal Internacional asesinato de concejal Albán

La fiscal de Venezuela en el exilio Luisa Ortega Díaz acudió este miércoles a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar el asesinato del concejal Fernando Albán e incluyó entre sus documentos el testimonio del antiguo magistrado del Tribunal Supremo Christian Zerpa, quien huyó recientemente a Estados Unidos.

“Las órdenes de que se cumpla la persecución contra la disidencia política” y “el asesinato de jóvenes venezolanos como el caso de Fernando Albán las está dando no solamente Nicolás Maduro”, jefe de Estado de Venezuela, sino también “la asesina Delcy Rodríguez”, vicepresidenta del país, dijo Ortega a Efe.

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La jurista mantuvo una reunión de una hora y media con personal de la Fiscalía de la CPI, en su sede de La Haya, para entregar “el testimonio de funcionarios del propio cuerpo policial que señalan cómo fueron los hechos”, explicó la jurista.

Fernando Albán murió el 8 de octubre de 2018 en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), donde permanecía detenido por, presuntamente, estar involucrado en el supuesto atentado con drones del pasado agosto contra Maduro.

Según la Fiscalía del régimen de Maduro, Albán se suicidó lanzándose desde un décimo piso, pero la fiscal Ortega aseguró que “fue un asesinato” y denunció la existencia de “contradicciones” en los relatos que ofrecieron posteriormente portavoces del Gobierno y varios ministros.

La jurista añadió que la autopsia efectuada al cuerpo de Albán, la cual mantiene que se trató de un suicidio, fue hecha “por una persona que no tiene las credenciales para practicarla”.

Ortega resaltó que ninguna autoridad en Venezuela está en condiciones de hacer indagaciones de forma independiente porque “reciben órdenes” del Gobierno “de no investigar” y se mostró confiada en ser capaz de implicar a la CPI en una eventual investigación de su Fiscalía.

Para reforzar su tesis, consignó en La Haya “los testimonios de más de 50 personas que eran y son funcionarios públicos”, entre ellos el del exmagistrado del Supremo Zerpa.

Este jurista huyó a principios de año a Estados Unidos, tras ser acusado de acoso sexual, actos lascivos y violencia psicológica, según el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno.

No obstante, Zerpa ha declarado en una entrevista que se fue de Venezuela para no avalar con su presencia, como magistrado del TSJ, la jura de Nicolás Maduro para un nuevo mandato de seis años.

La fiscal aseguró que “su testimonio demuestra que todas las decisiones de los tribunales y del TSJ son elaboradas en Miraflores”, la sede del Ejecutivo venezolano.

“Elaboran las sentencias y se las entregan a los magistrados para que ellos las suscriban”, puntualizó Ortega, quien añadió que “incluso hay sentencias que son publicadas y que ni siquiera son registradas por los magistrados”, lo que probaría que “en Venezuela no es posible hacer justicia”.

Esta es la tercera vez que Ortega acude a La Haya para presentar evidencias contra el Gobierno de Venezuela.

La primera fue en noviembre de 2017, cuando denunció “un ataque sistemático y generalizado contra la población civil”, y la segunda en marzo del año pasado, cuando llevó ante La Haya la muerte del exagente Óscar Pérez y de varios miembros de su grupo.

La Fiscalía de la CPI abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en manifestaciones y en cárceles.

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No obstante, el tribunal de La Haya es una instancia jurídica de última instancia y se rige por el principio de complementariedad, es decir, no intervendría si Venezuela demuestra que lleva a cabo indagaciones genuinas sobre los hechos denunciados.

Con información de EFE.