Este viernes la Organización de Estados Americanos -OEA- aprobó una resolución en la que rechaza las últimas medidas tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por Nicolás Maduro, con las que designó nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral -CNE- y suspendió a las directivas de dos de los principales partidos opositores.
Con 21 votos a favor, 7 abstenciones y 6 países delegaciones ausentes, la OEA aprobó la resolución denominada «Las Recientes Decisiones Ilegítimas del Tribunal Supremo de Justicia en la República Bolivariana de Venezuela».
«Cada una de las actuaciones de este TSJ han sido un ataque directo a la democracia», afirmó el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Asimismo, pidió «declarar cualquier acto de este CNE ilegítimo como nulo»; y defender a los partidos políticos de Venezuela.
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Almagro aseguró que el «objetivo» del régimen es apoderarse de la Asamblea Nacional, por lo que «busca amañar» el resultado de las elecciones. Reiteró que el régimen toma decisiones que hacen «imposible» la realización de comicios libres y justos en el país.
Por su parte, el embajador de Ecuador, Carlos Alberto Játiva, calificó estas decisiones del TSJ como «un nuevo atropello» del régimen de Maduro. De igual forma, el representante de Canadá también «condenó» las acciones del máximo tribunal. «Tenemos que establecer las condiciones mínimas para que las elecicc sean libres equitativas con un CNE que sea independiente; una Corte Suprema imparcial y la participación de todos los venezolanos», dijo el canadiense Hugh Adsett.
La delegación de México, a pesar de que no votó en contra, dijo que la resolución «no favorece» a una solución negociada en Venezuela.
En ese sentido, la embajadora mexicana Luz Elena Baños Rivas, hizo un llamado a los actores políticos de Venezuela para que prime el adecuado funcionamiento de las instituciones, y que la OEA logre convertirse en «facilitador de soluciones» y no en un ente que «incremente la complejidad de los desafíos».
¿Qué hizo el Tribunal Supremo de Venezuela?
Hace unas semanas, el TSJ dictó varias sentencias que sacudieron las ya frágiles bases democráticas de Venezuela. El 12 de junio, la Sala Constitucional designó a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, luego de declarar la «omisión legislativa» de la Asamblea Nacional; lo que dejaba fuera del proceso a la mayoría opositora del país.
El cambio de la directiva del Consejo Nacional Electoral era uno de los requisitos fundamentales de la oposición y la comunidad internacional, para convocar unas elecciones justas y creíbles que logren poner fin al conflicto político en Venezuela.
Aunado a este, el 15 de junio el TSJ emitió una orden que suspende a la directiva de Acción Democrática -partido opositor de mayor tradición- y entrega su presidencia a Bernabé Gutiérrez, una nueva «ficha» del chavismo vinculada con el régimen de Maduro.
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Tan solo un día después, el máximo tribunal repitió la medida, pero esta vez en contra del partido Primero Justicia. En esta oportunidad entregó la presidencia del partido al diputado José Brito; quien está involucrado en la «operación Alacrán» que dio un golpe al Parlamento dirigido por Guaidó.
Finalmente, el embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, celebró la decisión de la OEA y aseguró que «nadie va a reconocer un fraude» orquestado por el Tribunal Supremo.
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