Elementos de seguridad patrullan la costa en Macuto, La Guaira (Venezuela) tras fallida incursión armada. Archivo EFE
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela informó que tribunales del país dictaron prisión preventiva para 40 personas por su vinculación con la fallida incursión armada que se registró hace dos semanas; según el Gobierno, en el operativo fallecieron 8 personas y 45 más fueron detenidas.
En un comunicado emitido por la institución con los nombres y apellidos de los afectados por la medida cautelar no figuran Airan Berry y Luke Denman, dos ex militares estadounidenses detenidos; la fuente no brindó información sobre su condición procesal.
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Ambos tenían identificación de la contratista militar Silvercorp, una empresa con la que firmó un contrato el estratega Juan José Rendón, hasta la semana pasada asesor del opositor Juan Guaidó, para esos ataques; si bien Rendón explicó que finalmente no les dio “luz verde” y que Guaidó no lo firmó.
En la lista emitida por el Tribunal, además de los dos estadounidenses, faltan tres nombres más para completar las 45 personas que el Ejecutivo aseguró haber detenido por la fallida incursión en Venezuela.
Uno de los que quedará en prisión preventiva es el capitán Antonio Sequeda, exintegrante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); acusado de los delitos de homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del presidente Nicolás Maduro, traición a la patria, tráfico ilícito de armas de guerra; además de terrorismo y asociación para delinquir.
Otro de los participantes fue Josnars Adolfo Baduel; también obtendrá prisión preventiva acusado de los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria.
Según el Ejecutivo, Baduel ya era prófugo de la Justicia; tras haber participado en “dos o tres intentonas golpistas” entre los años 2018 y 2019.
Este imputado es hijo de Raúl Baduel, un general que fue aliado Hugo Chávez, a quien se le considera artífice de su vuelta a la Presidencia tras el golpe de Estado que le derrocó durante 48 horas en abril de 2002, exministro de Defensa entre 2006 y 2007. En 2009 fue enviado a prisión tras recibir acusaciones por corrupción.
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A la mayoría de los detenidos se les dictó la medida por “la presunta comisión de los delitos de traición a la patria; rebelión y conspiración con gobierno extranjero (…) tráfico ilícito de armas de guerra y asociación”, según reza el documento.
A otro de los acusados se le imputa el delito de “financiamiento al terrorismo”.
Todos deberán permanecer en prisión hasta que los tribunales correspondientes decidan la fecha en la que arrancará el proceso judicial con la audiencia preliminar; en la cual se conocerá si pasan a la siguiente fase, que determinaría, de manera individualizada, las penas a pagar por los hechos que se les imputan.
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