El balance anual del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia reveló un aumento de las víctimas de minas antipersonales, la continuidad de los desplazamientos forzados y agresiones contra misiones médicas por parte de grupos ilegales en el país.
El jefe de la delegación del CICR en el país, Christoph Harnisch, aseguró que por las minas antipersonales se registraron el año pasado 352 víctimas. “De ésas, 159 son civiles y los otros son militares”. En 2018 hubo 221 víctimas.
A su vez indicó que en 2019 más de 25.000 personas se desplazaron masivamente y cerca de 27.000 permanecieron confinadas, la mayoría grupos indígenas.
“Esta cruda realidad evidencia la profundización del conflicto armado y el deterioro de las condiciones humanitarias en diferentes partes del país”, manifestó.
Harnisch sostuvo que “la paz es todavía esquiva en muchas zonas del territorio colombiano” y advirtió que es importante que las autoridades colombianas orienten sus esfuerzos a prestar una atención digna, oportuna e integral a las comunidades afectadas por la violencia armada.
Agregó que el año pasado se documentaron 987 violaciones al derecho internacional humanitario como amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamiento de menores de edad por parte de grupos ilegales en diferentes zonas de Colombia.
En el país operan la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo -la principal red de narcotráfico- y disidentes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Harnisch también destacó que hubo 218 agresiones contra las misiones medicas en el país, especialmente lesiones y amenazas contra personal médico, desde las 101 de 2018.
El delegado del CICR elogió la labor del gobierno del presidente Iván Duque en la atención de los migrantes venezolanos -que según cálculos oficiales ascienden a 1,6 millón- y pidió que la comunidad internacional colabore con más ayuda monetaria.
El mismo miércoles, el relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michel Forts, habló en Ginebra, Suiza, sobre la situación de los líderes de derechos humanos en Colombia.
“Sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado en un contexto de altos índices de impunidad, pese a avances en esta materia”, dijo. Agregó que estas personas carecen de un reconocimiento público y social positivo a pesar de lo que declaren las autoridades.
Sin embargo, el informe también destaca que en los últimos años el Estado ha realizado esfuerzos para mejorar el marco jurídico e institucional con vistas a facilitar un entorno seguro y propicio para la defensa y promoción de los derechos humanos.
Desde la semana anterior, hay voces en favor y en contra del gobierno debido a un informe de Naciones Unidas que condena el manejo de los derechos humanos en el país.
El documento evaluó la situación del rubro en el país durante 2019 y entre otros aspectos toma en consideración la implementación del acuerdo de paz firmado entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno 2016. Según ese balance, persisten situaciones de violencia que generan “graves” violaciones a los derechos humanos, entre ellas, agresiones a activistas, pueblos indígenas, niños, así como “privaciones arbitrarias” de la vida.
El conflicto colombiano (1964-2016) entre los rebeldes de las FARC, los paramilitares y el Estado dejó al menos 262.000 muertos, 60.000 desaparecidos y millones de desplazados.
