Con la participación de más de 200 municipios, los chilenos reafirmaron en las urnas que apoyan un cambio en la Constitución heredada de la dictadura, según resultados preliminares de esta consulta voluntaria y no vinculante difundidos este domingo por autoridades locales.
La consulta, que se materializa casi dos meses después del inicio de un estallido social, comenzó esta semana con votaciones a través de páginas web de los municipios, sumándose este domingo sufragios presenciales que completarían un total de casi 1,5 millones de electores.
En las elecciones generales de 2017, el padrón de electores era de 14,3 millones de personas.
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En su primer reporte de resultados, la Asociación Chilena de Municipalidades informó que en las 29 comunas que realizaron la consulta de forma electrónica se registraron 1.055.044 votos.
Del total, 846.110 votaron por cambiar la Constitución.
«Un 80% de la ciudadanía pide una nueva Constitución y un 70% pide que esa Constitución sea hecha por una convención constitucional», dijo Felipe Delpin, alcalde de la Granja, región Metropolitana de Santiago, a radio Cooperativa.
Los otros temas que la gente priorizó fueron las demandas que han marcado la revuelta: pensiones, salud y educación pública.
El llamado a las urnas fue lanzado por los alcaldes respondiendo a la exigencia de los manifestantes de cambiar la Constitución heredada la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Sin embargo, con el posterior acuerdo político alcanzado en el Congreso para decidir en un plebiscito nacional en abril de 2020 sobre si cambiar o no la Carta Magna, la votación de este domingo se amplió a otras áreas.
Mientras, las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, tres de las más ricas de Santiago, quitaron la pregunta sobre Constitución de la consulta.
«Quiero cambios, necesitamos cambios pero estructurales y siento que esta es una manera de manifestarse, diciendo acá que es lo que necesitamos realmente», dijo a la AFP Jacqueline Bonjardin, de 37 años, mientras votaba en la comuna de Independencia, lindera con el centro de Santiago.
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La mayor crisis social que vive el país desde el regreso a la democracia en 1990 se salda con 24 muertes, miles de heridos -más de 300 de ellos con lesiones oculares graves- y denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
Un informe de la Alta comisionada de la ONU para los derechos humanos (ACNUDH), la expresidenta chilena Michelle Bachelet, denunció el «elevado número de violaciones a los derechos humanos» por represión policial en las protestas.
El gobierno del derechista Sebastián Piñera lamentó esas conclusiones, pero llamó a valorar el «contexto» de violencia que envolvió a las protestas.
