La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este miércoles medidas cautelares de protección a favor de los familiares del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien fue asesinado en cautiverio por tortura tras ser detenido por la contrainteligencia militar venezolana el pasado 21 de junio, reportó EFE.
El organismo interamericano, con sede en Washington, anunció las mismas medidas para parientes de la abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju.
Con respecto a Acosta Arévalo, la CIDH consideró que los parientes del militar fallecido «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».
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La muerte de Acosta Arévalo fue confirmada el pasado 29 de junio por el régimen de Maduro, lo que causó la condena de distintos países con la imposición de sanciones a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela, cuyos funcionarios detuvieron al capitán.
En un comunicado, el organismo advirtió que, de acuerdo con la solicitud de medidas que recibió, la familia del capitán y de su esposa «estarían siendo objeto de intimidación y seguimientos por funcionarios estatales».
«La Comisión solicitó al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la familia del señor Rafael Acosta Arévalo», detalló la nota.
Además, la CIDH pidió al Ejecutivo que «concierte las medidas a adoptarse con las personas propuestas beneficiarias y su representante e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición».
El régimen de Nicolás Maduro denunció el pasado 26 de junio que había desbaratado un plan de golpe de Estado que supuestamente se había planificado durante 14 meses, y acusó al presidente colombiano, Iván Duque, de ser promotor de estas acciones.
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Un día después, el fiscal general de Venezuela nombrado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público abrió investigaciones contra 14 civiles y militares por su presunta vinculación con ese plan, entre los que se encontraba Acosta Arévalo.
La CIDH concedió igualmente medidas cautelares en favor de Francisco Arturo Suju Raffo, Carmen Cecilia Fuentes de Suju, Marisela Suyen Suju de Rivero, Andrés Rivero Muro, Oswaldo Ramón Suju Raffo, Elena Torres de Suju y Sungliying Helena Suju Torres, «quienes serían el núcleo familiar» de Tamara Suju.
En otro comunicado, la CIDH indicó que estas personas «se encontrarían en una situación de riesgo tras ser objeto de acosos y hostigamientos por parte de autoridades estatales».
«La Comisión tomó en consideración que la situación de riesgo de las personas beneficiarias estaría conectada a la actuación internacional de la señora Suju como defensora de derechos humanos y opositora política. En razón de lo anterior, su núcleo familiar habría sido blanco de allanamientos por lo menos cinco veces en un periodo inferior a un mes».
La CIDH aseguró haber «monitoreado la situación que atraviesa Venezuela, habiendo recibido información de que se estarían utilizando los allanamientos como una forma de hostigamiento e intimidación a personas que se identifican como parte de la oposición».
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Suju, quien es directora ejecutiva del Instituto CASLA de Praga y reside como exiliada política en la República Checa desde 2014, ha denunciado la situación de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Además CASLA, que es un centro especializado en estudios de América Latina que recibe fondos del Estado checo, ha presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) varios expedientes con hasta 600 casos de torturas atribuidos a responsables del régimen de Maduro.
El régimen no reconoce la autoridad de la CIDH por ser una institución adscrita a la OEA del que el Ejecutivo de Maduro se retiró en abril.
