La Unión Europea (UE) ratificó este viernes su decisión de sancionar a siete integrantes de la fuerza de seguridad venezolanos tras considerar que estarían implicados en “torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos”, entre ellas la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo.
De esta forma, el bloque regional confirmó el acuerdo anunciado el pasado miércoles para ampliar su lista de sancionados, que se incrementa de 18 a 25 funcionarios a quienes les impusieron las medidas restrictivas.
En la lista nueva de siete funcionarios, ratificada este viernes y de la que aún se desconocen los nombres, hay cuatro de los sancionados que “están relacionados” con el fallecimiento de Acosta Arévalo cuando estaba detenido y bajo custodia de la administración de Nicolás Maduro.
“La UE confirma su disposición a trabajar en más medidas selectivas para impulsar una transición negociada”, indicó en paralelo la alta representante comunitaria para la Política Exterior, Federica Mogherini, en una declaración en nombre de los Veintiocho.
Se refirió a la petición que hace la UE a Venezuela de una transición que lleve a unas elecciones presidenciales “transparentes y controladas internacionalmente”, así como de una “reinstitución de los poderes públicos y un paquete de garantías que permitan una coexistencia política”, elementos que Mogherini consideró “esenciales para superar la crisis”.
La alta funcionaria europea recordó que este tipo de sanciones selectivas, que afectan por el momento a 25 personas en total a las que se les impide viajar a la UE y se les congelan sus bienes en suelo europeo, “no afectan a la población y pueden revertirse si hay progresos hacia la restauración de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela”.
En su declaración de este viernes, la UE recuerda que el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachellet, “confirma con claridad y detalle el grado y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, el deterioro del estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas en el país”, citó EFE.
“Esta grave situación (…) no puede ser ignorada”, subrayó Mogherini, quien recalcó además que “el impacto regional de la crisis no tiene precedentes” y tiene “graves riesgos para la estabilidad” de la región.
La política italiana subrayó el apoyo de la UE a que haya una “presencia permanente” de la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Venezuela y un acceso “libre” de procedimientos especiales de las Naciones Unidas en el país.
Mogherini expresó igualmente la preocupación de la UE por la suspensión temporal de las negociaciones facilitadas por Noruega entre el Gobierno y la oposición venezolanos, y pidió que las partes vuelvan a un diálogo “inclusivo, creíble y serio”.
Mientras, consideró que es “urgente” atender a la “emergencia humanitaria y social” en Venezuela, y “vital” el incrementar y acelerar una asistencia coordinada, tanto dentro como fuera del país.
