En medio de una grave crisis política se encuentra Perú luego de que el presidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso de la República, dominado por la oposición, mientras que el parlamento decidió suspenderlo por su “incapacidad moral” para dirigir el país.
La Organización de Estados Americanos (OEA) aseguró que el Tribunal Constitucional de Perú debe pronunciarse sobre la legalidad de la disolución del Congreso y la respuesta del Parlamento, que reemplazó a Vizcarra por la vicepresidenta Mercedes Aráoz designándola como “presidenta interina”.
En ese sentido, cientos de peruanos salieron a las calles para apoyar la decisión de disolver el Congreso debido al gran desprestigio que tiene el parlamento por temas de corrupción. Además, las fuerzas armadas y de policía, así como la Asamblea de Gobiernos Regionales también le mostraron su apoyo al presidente.
Por otro lado, la presidenta interina no recibió apoyo de ninguna institución pública salvo de los congresistas, por lo que sus decisiones, según los expertos, no tienen ningún valor ni legitimidad.
El profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Perú, César Landa, indicó que las decisiones parlamentarias ahora no tienen ningún valor ya que “son como los frutos de un árbol que ya están podridos”.
Sin embargo, otros abogados consideraron que Vizcarra realizó un mal manejo político de la situación y ha tomado una decisión que ha traspasado sus límites legales, igual como lo habría hecho en 1992 el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) quien disolvió el Congreso, siendo este el más reciente episodio de este tipo en la historia del país.
En medio de este escenario, el presidente Vizcarra convocó a unas elecciones legislativas para el próximo 26 de enero de 2020, por lo que los nuevos 130 legisladores culminarán su gestión el 28 de julio de 2021 cuando entregarán junto con el mandatario el poder a la siguiente administración Ejecutiva y Legislativa.
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La visión del parlamento
El presidente del disuelto Congreso, Pedro Olaechea, admitió que “por el momento” era presidente de la Comisión Permanente, un órgano de casi 30 parlamentarios que sobrevive tras la disolución y únicamente acumula los decretos de urgencia con los que Vizcarra gobernará hasta que se instale el nuevo Congreso en 2020.
Sin embargo, Olaechea había asegurado que Vizcarra dio “un golpe de Estado” y admitió que esta decisión será un “tema legal, largo, tedioso y delicado” para definir quién es el presidente de Perú.
Pero toda esta polémica se generó por las futuras decisiones que tomaría el Tribunal Constitucional ya que Vizcarra, en medio de su cruzada contra la corrupción, buscaba que el Congreso escogiera a seis integrantes con unos rigurosos filtros para su elección. Sin embargo, los congresistas hicieron caso omiso al pedido y eligió a uno de ellos.
En ese sentido, el centro de la disputa política es que este máximo órgano constitucional deberá definir pronto la liberación o permanencia en prisión de Keiko Fujimori, líder del partido que dirigía el Parlamento y que está detenida mientras es investigada por supuestamente haber recibido dineros ilegales de la constructora Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
El Tribunal también deberá decidir si la Fiscalía puede investigar a más de 20 congresistas que habrían recibido dinero de Odebrecht para sus campañas, por lo que su nueva composición se convirtió para el gobierno de Vizcarra en el epicentro de su lucha contra la corrupción, en donde los parlamentarios necesitaban tener magistrados afines a sus intereses.
El caso Fujimori
Este tipo de decisiones políticas tienen como referente al expresidente Alberto Fujimori quien además de disolver el Parlamento en 1992 también decidió cerrar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Además, detuvo al presidente del Legislativo, sacó los tanques de guerra a las calles y censuró a la prensa tras enviar escuadrones de militares que entraron por la fuerza a las redacciones, emisoras y a las cadenas de televisión.
Fujimori se mantuvo ocho años más en el poder y fue reelecto dos veces, sin embargo, abandonó la presidencia en el año 2000 tras varios escándalos de corrupción y dimitió finalmente desde Japón, a donde había huido.
Este expresidente está actualmente sentenciado a 25 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de 25 peruanos durante su gestión y también tiene una condena por corrupción.
El politólogo de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky, aseguró que los peruanos no “llorarán” la disolución del parlamente pero resaltó que este tipo de escenarios le abre paso a la demagogia.
“Los peruanos no derramarán muchas lágrimas.Por ahora la democracia es probablemente segura porque todo el mundo es débil y eso garantiza cierto pluralismo, pero deja a Perú vulnerable a un político demagógico”, explicó Levitsky.
