El Gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, excarceló el 11 de junio a un grupo de presos políticos opositores debido a una Ley de Amnistía, que fue aprobada por la Asamblea Nacional de ese país el sábado 8 de junio.
Entre los beneficiados con esta medida están los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, así como también los dirigentes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Orlando Icabalceta, a quienes un juez afín a Ortega había condenado a 216, 210 y 159 años de prisión, respectivamente.
Junto a ellos, gozan de libertad los líderes estudiantiles Edwin Carcache, Amaya Eva Coppens, Nairobi Olivas y Kevin Espinoza; a la líder de los comerciantes Irlanda Jérez; el dirigente opositor Cristhian Fajardo; Ricardo Baltodano, hermano de la antigua comandante guerrillera sandinista y ahora opositora Mónica Baltodano, entre otros.
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Según EFE, integrantes del Comité Internacional de la Cruz Roja estuvieron presentes durante la excarcelación de los presos políticos, quienes fueron entregados a sus familiares en sus residencias.
Sin embargo, aún se desconoce el número de personas que fueron liberadas.
El 10 de junio, con base a la Ley de Amnistía, el Ministerio de Gobernación ordenó la liberación de 50 personas que estaban detenidas «por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública».
Según la oposición, con esa amnistía el Ejecutivo lo que pretende es liberar de acusaciones legales «a su gente», entre los que mencionan a la Policía Nacional y a los civiles armados que levantaron los bloqueos en las vías que había instalado la oposición entre mayo y julio del año pasado para presionar al Gobierno.
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Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mayor responsable de la violencia que ha dejado cientos de muertos es el Gobierno de Ortega, que a mediados de 2018 se valió de policías y fuerzas «parapoliciales» con armas de guerra para atacar a civiles.
La crisis de Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 594, y el Gobierno reconoce 199.
