El Consejo de Administración de la OIT publicó un informe con recomendaciones al estado venezolano partiendo por “el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión” contra las organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al gobierno.

Una comisión de investigación que acudió al país caribeño en julio, tras una queja la patronal venezolana, Fedecamaras, reclamó el viernes la “liberación inmediata” de los empleados y sindicalistas encarcelados por haber ejercido sus derechos, entre ellos, Rubén González y Rodney Álvarez”.

En aquella ocasión se denunció la inobservancia de Convenios de la OIT y alegaba actos de violencia, otras agresiones, persecución, acoso y una campaña para desprestigiar a la organización de empleadores Fedecámaras, incluidos sus líderes y afiliados, así como injerencia de las autoridades, falta de consulta tripartita y exclusión del diálogo social.

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El grupo de la OIT tuvo contacto directo con las partes y otros actores concernidos, así como numerosas videoconferencias y audiencias en Ginebra, con la presencia de representantes de las partes y la participación de testigos provenientes tanto de autoridades públicas como de los sectores no gubernamentales.

Constató prácticas de favoritismo o promoción de organizaciones paralelas y de discriminación, suplantación e injerencia en las actividades de las organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al régimen.

También, pidió que cese la exclusión de Fedecámaras y demás organizaciones no afines al gobierno del diálogo social.

A raíz de ello, plantean la necesidad de tomar las medidas necesarias para asegurar la existencia de un clima desprovisto de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión.

El informe fue transmitido a la administración de Nicolás Maduro que dispone de un plazo de tres meses para comunicar si acepta o no las recomendaciones y, en caso de que no las acepte, si desea acudir a la Corte Internacional de Justicia.