El presidente chileno, Sebastián Piñera, firmó este lunes un proyecto que busca proteger a los policías de agresiones sufridas en manifestaciones, a dos meses del inicio de una inusitada revuelta social y en medio de denuncias de violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad.
Piñera precisó que el proyecto de ley que presentó al Congreso eleva las penas a delitos graves cometidos contra la Policía por encapuchados, entre otras medidas que buscan resguardar a las fuerzas de seguridad de la violencia desatada en las protestas que empezaron el 18 de octubre.
El proyecto establece como agravante de la pena del delito el hecho de que este se haya cometido por grupos organizados y encapuchados contra funcionarios de la policía y orden publico.
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También establece que quienes hayan sido condenados a prisión por estos delitos sólo podrán postular a la libertad condicional al cumplir dos tercios de la condena.
Durante los dos meses de protestas, que se saldan con 24 muertes, organizaciones locales e internacionales denunciaron violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad.
La semana pasada, un informe de la Alta comisionada de la ONU para los derechos humanos (ACNUDH), la expresidenta chilena Michelle Bachelet denunció «elevado número de violaciones» a los derechos humanos, en el marco de la represión policial en las protestas.
Piñera señaló que su gobierno «condena categóricamente todo atropello a los derechos humanos de nuestros ciudadanos, también condena categóricamente las agresiones, los maltratos, las humillaciones que muchas veces afectan a nuestros carabineros, policías y gendarmes».
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El mandatario defendió que la «inmensa mayoría» de los policías actuó de acuerdo a la ley y los protocolos resguardando los derechos humanos de los manifestantes y resaltó que unos 2.500 oficiales han resultado heridos en el marco de las protestas.
Para el mandatario es vital «recuperar el debido respeto que requieren nuestros policías, carabineros y gendarmes» y que en el caso que se confirmen fallos y violaciones a los derechos humanos por parte de estas fuerzas serán juzgados por la justicia.
