Luis Parra, diputado a la Asamblea Nacional, se muestra abierto a que lo investiguen por las denuncias de corrupción que lo envuelven conjuntamente con otro grupo de colegas, pero exige que se respete su derecho a la defensa y que se evalúen las pruebas presentadas.
Yo lo que he hecho es denunciar a los tipos que han defalcado al país, yo solo puedo decir que mis actuaciones son decentes, me han acusado de unas firmas, pero cómo puedo yo firmar si no soy miembro de esa comisión (Controlaría).
Considera que dada su naturaleza crítica, afín a la confrontación de ideas, podría estarse enfrentando al «aniquilamiento político».
Le pidió al comisionado para las Relaciones Exteriores del gobierno interino de Venezuela, Julio Borges y Tomás Guanipa, ambos cabezas de su partido Primero Justicia, que corrijan, «porque lo que están haciendo es enlodar mi nombre sin ninguna tipo de pruebas, sino me reservo las acciones a tomar».
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Reiteró que sus viajes a Europa, en calidad de parlamentario, fue para entregar una lista de personas a investigar, entre las que destaca el empresario venezolano, sancionado por Estados Unidos y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, Raúl Gorrín, el exministro de Comercio, Miguel Pérez Abad, Alex Saab, Francisco Convit.
«No hay corruptos buenos ni malos, pueden revisar mis cuentas porque yo hago mi declaración jurada todos los años».
Parra asegura que no recibió «sobornos» o «pagos en dólares» para votar en contra de la reelección del presidente, Juan Guaidó, para la conformación de la nueva junta directiva. No obstante asomó su postura con respecto al caso: «la presidencia de Guaidó es producto de un gobierno parlamentario. Ningún elector votó para que él fuese presidente».
No comparte la política o ruta que se ha venido manejando ni en el poder Legislativo ni en la oposición venezolana, pero deja abierta la idea de que Guaidó pueda «rectificar» su estrategia de cara a la fecha.
El portal Armando.info publicó una investigación donde indica que varios diputados opositores están realizando gestiones para dar indulgencias a empresarios supuestamente vinculados a la administración de Nicolás Maduro.
